Felipe Martínez Chávez
Ni recomendados, corruptos ni tómbola en la selección de candidatos a magistrados y jueces. Aparecerán en la boleta los mejores perfiles.
La afirmación la hacen integrantes de los tres Comités de Evaluación para la elección de magistrados y jueces. Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Son abogados de mucha valía, Lucía Graciano Casas, Juan Plutarco Arcos Martínez, Claudio Díaz Castaño, Elvira Vallejo Contreras, José Ives Soberón Tijerina, Ada Gabriela Díaz Sosa, María Antonia Turrubiates Conde y Edgar Maciel Martínez Báez, casi todos ellos con estudios de nivel doctorado.
No habrá lugar a influencias partidistas, igual que el proceso estará blindado a injerencias de grupos criminales. No cualquiera será Juez.
Bajo la conducción de Edy Izaguirre Treviño, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, participaron en una jornada informativa con estudiantes y catedráticos de la carrera, en que también respondieron preguntas de la prensa.
Dejaron claro que en ninguna parte de la convocatoria y documentos afines aparece la palabra “tómbola” para designar candidatos. Serán nombrados según sus méritos académicos, experiencia e imagen moral.
En los primeros tres días -dos al cuatro de diciembre- se habían registrado 60 aspirantes vía Internet, y dos presenciales en el Poder Judicial. El plazo para presentar intención vence el 20 de diciembre.
Con el antecedente de que el mexicano deja las cosas para el último momento, se pronostica que habrá cientos de personas interesadas, todo un éxito en términos de convocatoria.
Observarán igualdad de género y algo más.
De diez magistraturas para el Supremo Tribunal, van cinco y cinco; de las cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, tres para damas y dos varones; de tres salas regionales, dos mujeres y un hombre. La Sala Auxiliar es indistinta.
Jueces de primera instancia van a mitad y mitad, 54 y 54, y diez y diez los jueces menores. En total, por voto popular directo, serán nombrados 147 juzgadores.
Siguiendo con el mismo tema, David Cerda Zúñiga dejó la presidencia del Poder Judicial pero no el “chivito” de magistrado. Ya “domesticado” y cercano a la 4T, busca catafixiar la chambita local por la de Magistrado Federal.
Va dentro de los más de 50 mil aspirantes que registraron para competir por los cargos del Poder Judicial Federal. Si la suerte no lo favorece, o su capacidad no le alcanza, buscará seguir en el Tribunal de Justicia hasta 2027. Los diputados lo designaron por seis años.
Salió más listo que los hijos putativos de Francisco García, los del círculo “chico”, los consentidos, aunque él era el Jefe de la Oficina del Gobernador.
Se la llevó “suavecita”. Supo negociar con los jerarcas del gobierno de la transformación y espera que los astros se acomoden para ascender. Si lo acusan de traidor, sus amigos ya no tienen los medios para perseguirlo.
Por méritos nunca habría llegado de magistrado. Entró con calzador. No tenía experiencia ni de archivista del Poder Judicial.
Originario de Reynosa, como todos los del equipo cabecista, David es egresado de la Universidad México Americana del Norte, A.C., y su experiencia era la de Oficial Judicial del Tribunal Electoral, Secretario General del Congreso del Estado y Jefe de la Oficina del Gobernador Cabeza de Vaca.
Al ratificarlo -lo propuso Cabeza-, los diputados se quedaron con la boca abierta, encontraron en él a un profesionista “de amplia experiencia” toda vez que se había desempeñado como abogado litigante y representante en México de The Bank of New York Mellón, abogado de Coppel y de SuKarne, como quien dice, cobrador de cuentas.
Con calzador porque la Constitución dice que, para ser magistrado se requiere “no haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación, los cargos de Gobernador, secretario o su equivalente…” del gabinete estatal.
Los panistas disfrazaron el impedimento diciendo que la Oficina del Gobernador “es una dependencia, no una secretaría” y por tanto “no forma parte del gabinete”.
Cerraron diciendo (decreto) que “no cuenta con inmunidad procesal” como los demás miembros del gabinete. La experiencia les valió gorro.
Nadie protestó, pidió amparos o tramitó juicios o controversias constitucionales. Se quedó como magistrado de número hasta que negoció. Trata de vender cara su docilidad.
Hablando de temas de seguridad pública, el vocero Jorge Cuéllar aclaró que los mil 123 millones que se invertirán en la construcción de 15 estaciones seguras, no serán de un préstamo bancario sino recursos anticipados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, o sea de Doña Fede.
Para que no haya lugar a dudas, dijo que la entidad accede a recursos de manera anticipada gracias al cumplimiento de reglamentaciones de Hacienda y Banobras, algo que muy pocos estados pueden presumir.
Aclaró: Tamaulipas accede a estos recursos dado que la administración de Américo Villarreal tiene finanzas en orden y ha sabido posicionar al estado como un modelo de confianza ante las instancias federales.
