En los márgenes de Ciudad Victoria, particularmente a lo largo de la carretera Interejidal, un fenómeno crece al amparo de la negligencia y la impunidad: la proliferación de asentamientos humanos irregulares.
Lo que comienza como una transacción aparentemente legítima —la venta de parcelas ejidales a particulares— pronto se convierte en un negocio ilícito, donde los nuevos propietarios fraccionan y venden terrenos sin cumplir con las disposiciones legales, afectando no solo el ordenamiento territorial, sino también el patrimonio y la seguridad jurídica de quienes compran sin conocer los riesgos.
El marco legal de Tamaulipas es claro en cuanto a la creación de fraccionamientos. La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado establece que cualquier subdivisión de terrenos con fines habitacionales debe contar con la autorización de la autoridad municipal, cumplir con criterios de urbanización y respetar las normas de uso de suelo.
De lo contrario, estos actos se consideran ilegales y pueden derivar en sanciones, incluyendo la demolición de construcciones y la nulidad de compraventas. Sin embargo, estas disposiciones están siendo ignoradas de manera flagrante.
No se trata de un problema nuevo, pero sí de uno que sigue creciendo ante la inacción de las autoridades. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Victoria y la Fiscalía General de Justicia del Estado tienen la responsabilidad de frenar este desorden antes de que las consecuencias sean irreversibles.
Extrañamente, todas esas instancias gubernamentales permanecen ciegas y sordas frente a un hecho de esa naturaleza.
La falta de regulación y supervisión no solo fomenta la venta irregular de tierras, sino que también contribuye al crecimiento desordenado de la ciudad, con colonias que carecen de servicios básicos y cuya regularización puede tardar décadas, si es que alguna vez se logra.
Por otro lado, es importante subrayar que la ignorancia no exime de responsabilidad. Muchas personas adquieren estos terrenos sin investigar su situación legal, confiando en la buena fe de los vendedores o simplemente dejándose llevar por precios atractivos.
No obstante, al comprar una propiedad sin certeza jurídica, están poniendo en riesgo su patrimonio y enfrentándose a un futuro incierto. Sin escrituras, sin acceso a servicios y con la posibilidad latente de que su compra sea anulada, el sueño de tener un terreno propio puede convertirse en una pesadilla.
El llamado es urgente: las autoridades deben actuar con firmeza para frenar este desorden y aplicar la ley sin excepciones. No es posible que la especulación ilegal siga avanzando sin consecuencias, mientras decenas de familias terminan atrapadas en un problema que pudo haberse evitado con la intervención oportuna del Estado.
Ciudad Victoria no puede seguir creciendo al margen de la legalidad. Es momento de que los responsables hagan su trabajo y de que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos antes de invertir en un terreno sin garantía
EL RESTO
NEPOTISMO ELECTORAL.- La reforma constitucional que prohíbe la reelección y el nepotismo electoral debe quedar firme esta misma semana, una vez que la minuta emitida por las dos cámaras del Congreso de la Unión consiga la aprobación de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional coinciden en un aspecto: la parte del nepotismo electoral es inconstitucional.
Lo es porque violenta el derecho que todo ciudadano tenemos a ser votado. Usted y yo, con el simple hecho de ser mayores de edad tenemos todo el derecho a postularnos para cualquier cargo de elección popular, lo cual no se nos puede limitar por el hecho de tener un familiar directo ejerciendo como integrante de un ayuntamiento o como legislador.
Otra cosa es el nepotismo en el ejercicio de un cargo público. Ahí si aplica la prohibición de ley.
Seguramente “lloverán” amparos contra esa reforma constitucional.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
