Rogelio Rodríguez Mendoza
Cansados y hartos de la sordera de sus superiores, el viernes pasado decenas de agentes de la Guardia Estatal pararon labores como medida de presión para ser escuchados por el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez.
Durante meses habían resistido los abusos en su contra, pero al final terminaron “explotando” y optaron por dejar de patrullar la capital del estado para concentrarse en el complejo de la Secretaría. Solo así voltearon a verlos.
Los policías estatales reclaman el pago de adeudos de diversas prestaciones, sobre todo las relacionadas con los viáticos y el bono de riesgo. También acusan abusos con la carga laboral, a través de la imposición de jornadas que contravienen lo dispuesto en la ley. A ello se suma la pésima calidad de la alimentación que reciben.
“No nos pagan ni viáticos, ni bono de riesgo a personal operativo, incluyendo a personal foráneo, al que literalmente tampoco le están permitiendo viajar a sus lugares de origen para ver a sus familias. Además, cada vez es peor la calidad de la alimentación que nos dan” señalaron varios de los policías.
Ante la presión y el riesgo de que las cosas se salieran de control, Chávez García salió a dialogar con los inconformes. Los escuchó y les prometió que sus quejas serían atendidas.
Los agentes regresaron a trabajar, aunque no lo hicieron muy convencidos de que les resolverán sus demandas.
Tienen razón en desconfiar. El maltrato que padecen no es nuevo. Lo mismo les ocurrió durante sexenios priistas, y en el del panista, Francisco García Cabeza de Vaca.
El origen de todo es la corrupción. Desde hace varios años, en este espacio lo hemos denunciado con recurrencia: existen funcionarios que están haciendo un negociazo con el presupuesto de la dependencia, lo cual termina repercutiendo en los policías y en todo el personal de la secretaría.
Los involucrados son servidores públicos que llevan años enquistados en la dependencia, sobre todo en el área administrativa.
Los operadores son de bajo nivel en la estructura de la secretaría, pero atrás de ellos parece haber funcionarios de mayor peso jerárquico, incluso de otras instancias gubernamentales.
El modus operandi no es nuevo: tienen arreglos con los proveedores para “inflar” los costos de los servicios que prestan o del equipo que venden a la secretaría; manipulan las cifras del gasto de combustible y simulan mantenimiento a las unidades policiales. Todo ello en conjunto genera millonarias ganancias.
Entonces, mientras eso no acabe quienes padecerán las consecuencias serán los policías, no pagándoles sus prestaciones oportunamente y regateándoles lo más elemental para el cumplimiento de su deber.
EL RESTO
Por cierto, se cumplieron 10 meses de la muerte, en el cumplimiento de su deber, del joven policía estatal, Cristopher Rivera, y es fecha de que la familia no ha recibido el pago del correspondiente seguro de vida.
¿Sabe de eso el Secretario de Seguridad Pública? Si no sabe, qué mal. Y si sabe, también, qué mal.
ASI ANDAN LAS COSAS.
