Felipe Martínez Chávez.-
A nadie que piense bien se le quita la idea que, la venta de seis
hectáreas en la playa Miramar, fue una transa en que agandallaron
cabecistas de primer nivel.
Esos predios, cinco, se los habrían arrebatado a ex funcionarios del
pasado ¿para entregarlos al Gobierno?
Suena infantil que no hicieron negocio si vinieron a servirse a dos
manos.
Cierto, se les hizo bolas el engrudo cuando perdieron la gubernatura
con Don “Truko” Verástegui.
Mamaron, pero no terminaron de dar de topes.
Para cuando usted lea estas líneas el Congreso del Estado estará en
proceso de retornar al erario esas tierras de alto valor comercial.
¿Cómo que las vendieron a crédito?
¿De quién son las empresas Hospitals & Investments, y Discovering
México Destination Club?
Se les dio crédito por ocho años con una gracia de tres, ¿quién lo
autorizó?
Se sabe que la primera fue creada en Guanajuato, un estado en que
el PAN tiene el poder desde hace más de 25 años, y donde paisanos azules
tienen negocios, incluyendo Francisco Javier “G”.
La segunda al parecer tiene su domicilio en la ciudad de México.
La convocatoria para vender no decía que los oferentes podían pagar
a crédito en “abonos chiquitos”.
No entró dinero a Finanzas, como era la intención, y las obras de los
prometidos hoteles de cinco estrellas no se ven ¿atole con el dedo?
Sospechas fundadas de transa en que las miradas voltean hacia el ex
G-1 y sus amigos, en un plan criminal tejido con finura para dar el gran
golpe de “retiro”.
Hay datos sueltos ¿a quién le robaron los terrenos?
Presuntos dueños se dicen extorsionados por colaboradores de
Cabeza, en que van funcionarios de la Fiscalía y hasta Jueces.
Sin embargo, los datos se siguen ocultando, incluso por quienes
hicieron una denuncia ante Inteligencia Financiera estatal, una institución
que no es persecutora del delito.
¿Por qué ahí?
La hizo el abogado José Isabel Luna Chávez, quien en la práctica es
el apoderado legal del empresario Fatemi Corcuera, de Ciudad Victoria:
¿Es el dueño original?
¿Es el extorsionado?
Sale a relucir el Grupo Cormon, del mismo dueño, quien en el pasado
reciente tuvo problemas legales, tanto que no puede pisar suelo cuerudo.
Cierto, el experto en “sembrar” expedientes, Irving Barrios Mojica,
hizo su chamba para que los corruptos jueces desde el Tribunal de Justicia
obsequiaran órdenes de aprehensión, pero el dato sigue incompleto ¿a
quién le robaron?
Aparecen otros nombres como Fernando Cano Martínez, dueño de la
constructora Villa de Aguayo, de mucho éxito en dos sexenios seguidos, el
de un apodado “La Conga” Rodríguez, Alberto Berlanga Bolado y Gabriel
Maldonado Pumarejo ¿sí son ellos?
Aunque usted no lo crea, se filtra el nombre de Tomás Yarrington
Ruvalcaba y ranchos que cambiaron de manos conforme los sexenios,
como Hacienda San Juan, Hacienda Las Rusias, rancho La providencia y
La Ponderosa, en Soto la Marina, Guémez y González.
No se quita la idea que fue un pleito de gandallas en que ganaron los
que tenían la sartén del poder por el mango.
Los azules se fueron igual sobre terrenos de La Pesca, donde se da
un cochinero de alta magnitud, tanto que hay predios vendidos hasta en
cinco o más ocasiones.
Allí metieron mano empresarios locales como compradores ¿también
a crédito? A través de grupos como Construcciones Industriales Cigovi y
Construcciones Aryve, de personas muy conocidas en la capital ¿se
asociaron con los cabezones?
Si les hablaron bonito y se creyeron, tarde o temprano serán víctimas,
por no decir una mala palabra.
La verdad es que no hay oportunidad de saber que se roban los ex
funcionarios, porque hay casos que no pasaron por el Congreso, como la
venta de vehículos que enajenaron como chatarra, pero que eran de modelo
reciente.
Ni sabemos cuántos terrenos tiene el Gobierno. Se habla de 1,380
predios no solo en Tamaulipas sino en otras regiones como Guerrero,
Tabasco y Coahuila ¿casas de descanso?
¿Para qué quiere ranchos el gobierno del Estado?
La versión afirma que es dueño de por lo menos 400 hectáreas en la
Marina y pequeños lotes en otros municipios.
En otra clara maniobra, los cabezones reformaron el Código Civil para
adjudicarse los terrenos “mostrencos” -sin dueño- que los funcionarios
encontraran en su camino ¿con cuántos se quedaron?
Valdría la pena que la administración actualizara e informara de las
propiedades inmuebles y sus valores, como la Casa de Gobierno
¿Realmente es del Estado?
