Rogelio Rodríguez Mendoza
Transcurrió ya un año y siete meses desde aquel 16 de marzo del 2023, en que la tragedia y el dolor envolvieron a la familia Rivera Cervantes, cuando su hijo, el agente de la entonces Policía Estatal, Christopher Rivera Cervantes, murió en una cobarde emboscada por parte de miembros de la delincuencia organizada en Río Bravo.
Sin embargo, a la fecha, los padres del joven agente siguen a la espera de justicia. Una justicia que se les sigue regateando en todos los aspectos: Por un lado, no hay personas sentenciadas por el crimen, y por el otro, continua la indolencia por parte de las instituciones públicas obligadas a velar por el bienestar y la integridad de los deudos de quienes mueren en el cumplimiento de su deber.
Una de las prestaciones a que Christopher tenía derecho, como lo tienen todos los agentes de la ahora Guardia Estatal, es un seguro de vida.
Resulta que, al momento de los trágicos hechos la póliza que amparaba la protección a la víctima no tenía validez, porque la anterior administración estatal, encabezada por el gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, no la había pagado.
Fueron miles de pólizas que el gobierno cabecista no pagó, lo cual nunca supieron los policías hasta que la desgracia alcanzó a algunos de ellos, como Christopher.
Cuando el gobernador, Américo Villarreal Anaya, fue enterado de la situación ordenó al Secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, cubrir el pago del seguro de vida a la familia del policía caído.
Fue un gesto de solidaridad con los padres de Christopher, que estos agradecieron enormemente, porque lo vieron como una luz de esperanza para encontrar respuesta a sus gestiones.
No obstante, como le decía, ya se cumplieron un año y siete meses desde aquel fatal día, y el secretario de Seguridad Pública sigue sin cumplir la instrucción del mandatario estatal, de pagar la deuda.
El señor Tereso Rivera y su esposa, solo han encontrado, indiferencia, insensibilidad y apatía, por parte de Chávez y sus colaboradores, quienes se han dedicado a obstaculizar el pago del seguro de vida en vez de facilitarles el trámite.
“Me pidieron que promoviera un juicio sucesorio intestamentario para poder pagar el seguro. Me mandaron con un abogado del DIF, quien se encargó del trámite. Ya hay una sentencia de un Juez, donde ordena que se pague la póliza. El Juez les envió varias veces, por correo, un oficio con la resolución, pero en la Secretaría de Seguridad Pública insisten en que no les ha llegado nada” cuenta desesperado e impotente el padre de Christopher.
Ante la situación, la familia del agente dice no tener otra alternativa más que acudir con el gobernador, Villarreal Anaya, para exponerle su situación.
“Lo único que nos queda es buscar al Gobernador. Queremos que nos escuche. Que se entere de lo que está sucediendo, porque resulta injusto que le hagan esto a los policías. A mi hijo le gustaba mucho su trabajo. Desde pequeño quiso ser policía. Nunca le importaron los riesgos a los que se enfrentaba, por lo que es injusto que ahora le estén pagando de esta forma”, explica el señor Tereso Rivera.
Y sí, tiene toda la razón. Es reprochable y condenable el trato que la Secretaría de Seguridad Pública les da a las familias de aquellos agentes que mueren cumpliendo con su deber, como ocurre con los padres de Christopher.
Es muy probable que el titular de la dependencia desconozca la ineptitud y la indolencia en que incurren sus áreas jurídicas y administrativas, pero eso no lo exime de culpa.
EL RESTO
Algunos diputados siguen necios en descalificar a todo juzgador que no los favorece en los juicios de su interés.
Si la sentencia les es adversa, el juez, magistrado o ministro, es corrupto, pero si les es favorable entonces son unos dechados de virtudes.
Es como en la escuela, que muchos culpábamos al maestro de los malos resultados en un examen, cuando en realidad los responsables éramos nosotros por no haber estudiado
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
