José Inés Figueroa Vitela.-
¿Qué hizo el anterior gobernador cuando las autoridades electorales le dieron el triunfo tras las votaciones?
Dispuso del presupuesto, metió contratistas a cobrar, metió de Magistrado a quien impondría como Presidente del Supremo Tribunal, e hizo reformar las leyes para conformar una estructura a modo en los llamados entes autónomos.
Eso, antes de asumir el gobierno; ya instalado los atropellos se hicieron de orden general.
Para apoderarse de la Presidencia del Tribunal Electoral, mandó causar destrozos en el hogar de la entonces Presidenta, e hizo publicar que había comprado unas baratijas con presupuesto oficial, amenazándola con cosas peores si no renunciaba.
Al Instituto Electoral le escamoteó el presupuesto, haciendo renunciar a dos Presidentes y al tercero lo puso a comer de su mano.
Para asaltar la empresa de medios impresos de mayor cobertura en el Estado, exilió a su brazo operativo, haciendo publicar información falsa que puso en riesgo de muerte a su familia.
La actual legislatura que también perdió en las urnas, la quiso asaltar comprando a las pobres diputadas pobres, que se habían ganado el escaño en una rifa, de condición humilde, a las que deslumbró con un puño de billetes del presupuesto.
Cuando vio que eso no era suficiente, mandó a un grupo de mafiosos al mismo Palacio Legislativo, a amenazar al Presidente, luego de haberle tendido una trampa y este cayó en el garlito, quedándose sin opciones.
Todo eso, que es del dominio público y está muy en la conciencia de los tamaulipecos, sumado al rosario de tropelías que marcaron el atraso en que cayó Tamaulipas en el último sexenio, son respuesta puntual y contundente a los cómplices, sembrados en el andamiaje jurisdiccional transexenal y quienes pretenden ampararlos.
Que la judicatura federal esté pretendiendo inhibir el desarrollo del país y el sureste, obstruyendo la ejecución de las obras emblemáticas, en espíritu, no es distinto a los amparos secuenciales que los jueces federales de Reynosa han concedido, para brindar un manto de impunidad a los que ya se fueron, y reivindicar la patente de corso a los que se dejaron.
Suena hilarante, los argumentos con los que los jueces 7 y 8 de distrito han concedido amparos a los CABEZA DE VACA y su larga lista de cómplices, en flagrante violación a la simple lógica, ya no digamos a la Constitución y sus leyes reglamentarias.
Pensarán que los tamaulipecos somos tontos, para tragarnos sus dichos, que pretenden tener un sustento jurídico solo configurado en su afiebrada, cuan voraz mentalidad.
El Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, sentiría que el amparo anterior se le estaba cayendo, o algo más turbio estará tramando, porque volvió a conseguir, del mismo togado cuestionado, otro, más o menos por los mismos hechos, contra las mismas autoridades, y con los mismos argumentos insostenibles.
Que porque hablan mal de él y eso le causa desasosiego, al punto de ponerlo al borde de la muerte y para lo que, necesita una arma de fuego, para defenderse.
¿Son tan estúpidos el funcionario y el juez que creen que los tamaulipecos somos estúpidos y vamos a creer tal cantidad de estupideces?
El único que podría matar, es quien ya ha matado, a los cómplices que se le han volteado, en las distintas etapas de su vida delictiva y lo que se dirime ahora, es precisamente la lealtad a ese sujeto generador de violencia, por parte de protectores y protegidos, aparador y amparado.
Claro que no son las notas periodísticas, declaraciones de funcionarios, o filtraciones a los medios, las que exponen la integridad física del funcionario, y por supuesto que el solo suponerlo, no es suficiente para reivindicarle cotos de impunidad.
Si así fuera, todo delincuente podría aclamar el riesgo de muerte, sin tener que demostrar los elementos que así lo ponen -como lo aseguró el juez de la causa-, para obtener el amparo de la justicia federal y evitar que se le aplique la ley.
Lo único que logran aquellos con esas actuaciones, es ratificar la veracidad en los dichos y proclamas del Presidente LÓPEZ OBRADOR, que antes le animó a mandar al diablo sus instituciones y ahora le provoca señalarles de manera cotidiana en todas sus iniquidades.
Los jueces, magistrados y ministros pueden hacer todas las actuaciones a favor de los delincuentes del pasado sexenal tamaulipeco y pretender cubrir, la prolongación de su estructura corrupta, pero nunca borrarán el perfil que ahora comparten, de verdugos y saqueadores.
Los amparos cómplices, no borran el saqueo, atraso, violencia política y social a que estuvo sometido Tamaulipas entre el 2016 y el 2022, en que en malahora la pandilla cabecista asaltó el poder público estatal.
A la opinión pública no van a callarla y su sentencia, será inaplicable, para unos y otros ya lo es, solo ellos pretenden no darse cuenta.
