Hace unos días se reunieron el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Hernández Chavarría, y el encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, “para acordar sumar esfuerzos y coordinar sus acciones para lograr que los asuntos que son de importancia para el estado y la sociedad en general, se desarrollen dentro del marco legal y con la celeridad que el caso lo amerita”, informaba el boletín de la reunión.
Al fiscal Govea Orozco y a su equipo no les espera una tarea fácil, ya que tendrá que combatir el gran rezago que existe heredado del anterior titular, que únicamente logró judicializar 12 carpetas de investigación de las de las 101 carpetas resueltas en su administración, de un total de 573 integradas por diversos actos de corrupción. Según cifras del “Segundo (y último) Informe de Actividades Sustantivas y Resultados”, del ex fiscal Raúl Ramírez Castañeda, indica que el 82 por ciento de las carpetas, es decir, 472 del total continúan en trámite.
A esto se suman las denuncias que pesan sobre el extitular de la Fiscalía por los supuestos delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, entre los que destaca el dar empleo a familiares y asociados, aun cuando no estaban calificados para el cargo; que representó un daño financiero para el estado por casi dos millones de pesos, que el nuevo fiscal tendrá que atender para que los delitos que supuestamente se le imputan a su predecesor no termine engrosando las fila de carpetas pendientes a proceso en la institución.
Recordemos que en octubre del año pasado Ramírez Castañeda reprobó las pruebas de control y confianza aplicadas por el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno federal, que realiza a altos mandos en el ejercicio de funciones de investigación, por lo que la Fiscalía de Tamaulipas solicitó su destitución. Para al final el Congreso separarlo este año de su cargo por falta de resultados y dar carpetazo después de varios amparos a uno de los primeros encontronazos que se le presentó a la nueva administración en el proceso de entrega-recepción.
Se dice que la impunidad es el resultado de un Estado ausente, la falta de interés de resolver las denuncias de delitos de corrupción fue el sello que dejó la anterior administración estatal, por lo que la actual tiene que actuar con prontitud para desmarcarse de tan negligente accionar.
La Fiscalía tiene un gran reto porque el trabajo se va a seguir acumulando, de eso no le quepa duda y tendrá el tiempo en contra para evitar que algunos de los delitos de las carpetas rezagadas prescriban. Govea Orozco, como Sísifo en el mito, tendrá que empezar a subir la piedra cuesta arriba. Esperemos que el nuevo fiscal tenga un buen equipo, de confianza y eficiente, porque la ciudadanía y la opinión pública los van a traer muy presentes y no se esconda en la opacidad y el silencio como su predecesor.
