Rogelio Rodríguez Mendoza
Este sábado reciente se cumplieron nueve meses de la muerte del agente de la Guardia Estatal, Cristopher Rivera, abatido a balazos en Río Bravo cuando, en el cumplimiento del deber, intentaba detener a delincuentes.
A pesar del tiempo transcurrido y faltando escasos días para la finalización del año, los padres del joven fallecido siguen esperando que el gobierno del estado cumpla con el pago de las prestaciones a que Cristopher tenía derecho.
Como todo agente de la Guardia Estatal, tenía derechos ganados y uno de ellos era el pago de un seguro de vida.
Sin embargo, además del dolor por la pérdida de su hijo, los padres han tenido que padecer el suplicio de enfrentarse a un tortuoso aparato burocrático, que les sigue poniendo traba tras traba para la entrega de ese beneficio.
De poco o nada ha servido la palabra empeñada del secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, cuando durante una comparecencia en el Congreso del Estado prometió que los deudos de la víctima no quedarían desamparados.
Evidentemente no se ha honrado la palabra empeñada.
Tampoco se ha respetado la instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, para que se paguen todos los adeudos.
Peor aún: el pasado 10 de noviembre, se desarrolló en el complejo de la Secretaría de Seguridad Pública, un evento de conmemoración del Día de la Guardia Estatal.
A la ceremonia, en la que estuvo presente el mandatario estatal, fueron invitadas las familias de muchos policías que perdieron la vida a manos de la delincuencia. Entre ellas estaba la de Cristopher.
Los discursos ahí pronunciados enaltecieron el compromiso, la valentía y el honor que caracteriza a quienes, desde el ámbito policial, arriesgan cada día su vida para proteger a la sociedad.
También se refrendó la promesa gubernamental por mejorar gradualmente las prestaciones sociales y beneficios en general de los elementos de la Guardia Estatal.
Pero igual, esos discursos fueron solo eso: discursos, porque en los hechos los padres del joven siguen padeciendo la insensibilidad de funcionarios públicos, incapaces de ser empáticos con las víctimas, y que siguen incumpliendo con el pago de las prestaciones adeudadas.
Lamentable que esto suceda, porque precisamente situaciones así son las que contribuyan a que prevalezca un gran desinterés o desprecio por las convocatorias que recurrentemente emite la Secretaría de Seguridad Pública para reclutar aspirantes a integrarse a las filas de la Guardia Estatal.
¿Cómo quieren que los jóvenes tengan interés en la tarea policial si no les garantizan lo mínimo?
Los padres de Cristopher están convencidos de que el gobernador Villarreal Anaya desconoce su situación, por lo que buscarán enterarlo.
EL RESTO
La crisis interna que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que derivó en la remoción, disfrazada de renuncia, del presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, es una copia fiel y exacta de lo que ha venido ocurriendo en el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Igual que allá, aquí los magistrados llevan años enredados en una maraña de pleitos, de todos contra todos que, aunque lo niegan, terminan incidiendo en su tarea de impartidores de justicia electoral.
En ambos casos, resulta evidente que, en la pugna interna mucho tienen que ver fuerzas políticas externas con las que simpatizan los magistrados. No es mentira que algunos se ladean hacia el PAN y otros hacia Morena, lo cual, si o si, compromete la imparcialidad que debe caracterizar a toda instancia impartidora de justicia.
Sin embargo, en el tribunal local su presidente, Edgar Danés Rojas, ya dejó claro que no va a renunciar al cargo como lo hizo Rodríguez Mondragón. No lo hará por varias razones, pero sobre todo por el jugoso sueldo que percibe.
No importa que, para ello tenga que huir de los periodistas cuando lo cuestionan sobre las denuncias que existen en su contra y acerca del desorden en el Trieltam.
ASI ANDAN LAS COSAS.
