Gonzalo Carrillo De León.
El pasado cinco de febrero conmemoramos los mexicanos un aniversario más de nuestro mayor ordenamiento jurídico nacional, del que depende todo el andamiaje normativo; el cada vez más respetado y estricto catálogo de derechos humanos y sus garantías para hacerlos respetar y los lineamientos inflexibles que imponen límites al ejercicio del poder autoritario.
Esta Carta Magna, que fue erigida como faro de justicia y equidad, se enfrenta hoy a una encrucijada crítica en medio de los vientos políticos que azotan el panorama nacional a pesar de que ha sido la columna vertebral de la nación.
Parece increíble que, en la celebración de su cumpleaños, está siendo desafiada por corrientes que amenazan socavar sus principios fundamentales.
Nuestra carta magna surgió como un producto de la Revolución Mexicana, un movimiento que buscaba justicia social y equidad, en un momento crucial de la historia mexicana, cuando el país buscaba superar las desigualdades y establecer un sistema político que reflejara los ideales revolucionarios. Este documento consagró los derechos laborales, la educación laica y gratuita, y la distribución equitativa de la tierra, sentando las bases de una sociedad más justa. Y más importante aún, nuestro más alto catálogo normativo, es hoy producto de la incorporación de muchas instituciones jurídicas producto de muy buenas y sanas prácticas en el ámbito internacional y un sistema de controles al poder desorbitado y su obligación a la rendición de cuentas, además de un sistema electoral estable, transparente y confiable.
Sin embargo, hoy, vemos cómo algunos sectores desvían estos ideales hacia un populismo y socialismo extremo, poniendo en peligro los valores que una vez unieron a la nación. Las raíces históricas de la Constitución, forjadas en la lucha por la justicia, son amenazadas por la inercia que busca concentrar el poder en figuras carismáticas, pretendiendo obtener la aprobación de ciertos sectores sociales, socavando así los pilares de la democracia, el equilibrio y control de poderes establecidos por nuestros ancestros.
Un ejemplo claro de ello, es el paquete de reformas constitucionales
presentado el pasado cinco de febrero al Congreso de la Unión, entre las que
destaca la iniciativa de reformar al Poder Judicial de la Federación, que busca
la designación por voto popular de jueces, magistrados y ministros, intentando dar fin a un sistema de carrera judicial muy sólido y preparado.
Esto no es más que un atentado directo contra la independencia judicial y la justicia social.
La independencia judicial es la piedra angular de un sistema democrático robusto y equitativo. La función del Poder Judicial es interpretar la ley y garantizar su aplicación sin temor a influencias externas. Designar jueces mediante votación popular podría comprometer esta independencia, llevando consigo el riesgo de politizar la justicia y socavar la confianza en el sistema legal.
La politización de la judicatura, a través de elecciones populares, plantea riesgos significativos, un ejemplo de ello sería la de Jueces sometidos a la presión de ciclos electorales que podrían sentir la tentación de tomar
decisiones basadas en la popularidad en lugar de la interpretación objetiva de la ley. Esto comprometería la imparcialidad y la equidad, fundamentales para el buen funcionamiento de un sistema judicial.
La experiencia internacional nos muestra que la elección de jueces por voto popular a menudo conduce a decisiones influenciadas por la política y la
opinión pública, en perjuicio de la imparcialidad que debe caracterizar al sistema judicial. Países que han adoptado este enfoque, como Bolivia, han enfrentado desafíos persistentes en la protección de los derechos individuales y la estabilidad jurídica, pues el control de las leyes y la Constitución dependerían incluso, de una sola persona, el presidente del régimen vigente.
Proteger la independencia judicial es esencial para salvaguardar los principios fundamentales de la Constitución Mexicana. La elección de jueces por voto popular representa un riesgo claro para la imparcialidad y la integridad del sistema judicial. En este momento crítico, es imperativo que la sociedad se comprometa a defender la independencia judicial como un pilar indispensable para la estabilidad y la justicia en México.
Preservar la esencia de nuestra Constitución no es solo una necesidad, sino una obligación para salvaguardar el sistema democrático que nos ha permitido evolucionar como sociedad. Debemos avanzar y no retroceder, y las instituciones deben resistir las tentaciones políticas que buscan consolidar un poder concentrado, pues esto va en contra de los principios que han definido a México como una república democrática.
Debemos defender nuestra constitución, para que aún podamos seguir
conmemorándola, pues de lo contrario, estas fechas ya no serían de júbilo, sino de desencanto.
