La semana pasada, un alumno de una escuela secundaria de Ciudad Victoria, que no había estudiado para un examen, decidió hacer una llamada al 911, alertando de una supuesta bomba, con el único propósito de que se suspendieran las clases, lo cual logró.
Ese mismo día, un adulto, tal vez aburrido, también marcó al 911 para denunciar un artefacto explosivo en el Centro Cultural Tamaulipas, y obligó a que se cancelaran los eventos programados para que las autoridades revisaran el inmueble.
En ambos casos, fueron movilizados los cuerpos de protección civil, corporaciones policiales, y los grupos de expertos en detección de explosivos, solo para confirmar lo que se presumía desde un inicio: que eran llamadas de broma.
“El problema es que, en casos así, en que nos denuncian presuntas bombas, tenemos que cumplir con el protocolo, que incluye desalojar y revisar el inmueble. No podemos descartar las llamadas solo porque suponemos que se trata de broma”, nos dice uno de los elementos con más años en la dirección de Protección Civil del Estado.
Esta práctica de las llamadas bromistas no es nuevo. Es viejísimo. El pasado dos de agosto, autoridades municipales de Victoria revelaron que, cada día el 911 recibe ¡hasta 800 llamadas de broma!, lo que significa que nueve de cada diez llamadas son falsas.
El dato se refuerza con el reporte estadístico del Censo Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al 2020.
La instancia federal reveló que, durante ese año los números de emergencia de Tamaulipas recibieron 286 mil 021 llamadas de emergencia procedentes, cifra que representa apenas ¡el 30 por ciento del universo de alertas recibidas!
Eso significa que, alrededor de un 72 por ciento de las llamadas fueron falsas o improcedentes por otras razones.
Frente a esas estadísticas cabe preguntarnos: ¿por qué las autoridades no han podido contener el problema?
Es increíble que, con tanto adelanto tecnológico y con el Código Penal a la mano, los gobiernos hayan sido incapaces de frenar esa práctica que afecta, tanto a las mismas autoridades como a la sociedad, porque resulta que, por atender llamadas falsas se pone en riesgo aquellas situaciones donde realmente se requiere auxilio.
Precisamente debido a la alta incidencia de llamadas bromistas, desde hace por lo menos 10 años el Congreso del Estado tipificó esa conducta. En su artículo 172, fracción III, el Código Penal prevé penas de tres a siete años de prisión para “el que por cualquier medio reporte hechos falsos a los elementos de las policías estatales o municipales, cuerpo de bomberos, personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia o protección civil, que impida o causa un perjuicio o trastorno que afecten el buen funcionamiento de dichos sistemas”.
Sin embargo, esa parte del código punitivo es letra muerta porque rara vez es aplicada. Y es ahí donde se origina el problema, porque al no haber castigo se genera impunidad.
De todo ello, podemos concluir que la culpa es de las mismas autoridades porque no aplican la ley con la dureza que contiene ese apartado que prevé una pena de hasta siete años de cárcel.
Uno de los fines de la pena de prisión es precisamente la prevención o la disuasión del delito, pero mientras la ley no se aplique de nada o de poco sirve su severidad.
Sencillo. Simple el asunto.
ASI ANDAN LAS COSAS.
