Mauricio Zapata
La reforma judicial en México, que promueve la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha desatado una serie de complicaciones tanto a nivel federal como estatal.
A medida que se aproxima la votación programada para el uno de junio, emergen múltiples situaciones que ponen en entredicho la eficacia y transparencia del proceso.
Uno de los principales obstáculos radica en las inconsistencias detectadas en las listas de candidatos.
De los cuatro mil, 224 aspirantes propuestos por los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, se han identificado datos incompletos, nombres erróneos y duplicidades.
Además, más de 300 candidatos han declinado sus postulaciones, pero sus nombres aún figuran en los registros oficiales.
Estas anomalías han obligado al Instituto Nacional Electoral (INE) a retrasar la impresión de 600 millones de boletas, generando una presión adicional en un organismo ya afectado por recortes presupuestales y divisiones internas.
La situación se complica aún más con la polémica en torno a los apodos que algunos candidatos desean incluir en las boletas electorales. Sobrenombres como “El juez de la 4T” o “El juez de AMLO” han sido propuestos, evidenciando una preocupante politización del proceso judicial.
El INE ha rechazado estas solicitudes, argumentando la necesidad de mantener la seriedad y neutralidad en la elección de cargos judiciales.
Hay otros casos como el de San Luis Potosí en donde resaltan la infiltración grupos delictivos en el proceso de selección de jueces.
La activista Rosalinda Ávalos logró la exclusión de Sabás Santiago, aspirante vinculado al asesinato de sus hijos, como candidato a juez.
Este incidente subraya la vulnerabilidad del sistema ante intereses ilícitos y la necesidad de mecanismos más rigurosos de selección.
En resumen, la elección judicial en México se enfrenta a una encrucijada marcada por irregularidades administrativas, politización y amenazas de infiltración criminal.
Es imperativo que las autoridades refuercen los mecanismos de supervisión y transparencia para garantizar que la justicia sea administrada por individuos íntegros y capacitados, alejados de influencias políticas y delictivas.
EN CINCO PALABRAS.- Y eso que apenas inicia.
PUNTO FINAL.- “El ideal consiste en no idealizar”: Cirilo Stofenmacher.
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