Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Lo dicho: la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anuló la primera parte del Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, encierra un mensaje contundente para las legislaturas locales, incluida por supuesto la de Tamaulipas.
El mensaje es que, los diputados no pueden, ni deben, seguir usando a conveniencia el procedimiento legislativo, simplemente para sacar adelante iniciativas de decreto que le interesan al partido en el poder o a las bancadas mayoritarias.
En Congresos como el de Tamaulipas, desde siempre ha sido una práctica constante que los grupos mayoritarios tuerzan o interpreten a su antojo el marco constitucional o legal para aprobar las reformas de su conveniencia.
Así, por ejemplo, cuando conviene se exige en el Pleno una mayoría simple (la mitad más uno de los diputados) para reformar la ley interna del Congreso del Estado, pero cuando no, la exigencia es de una mayoría calificada, que actualmente está representada por 24 votos.
Y hay que aclararlo: es una práctica a la que han recurrido todos los partidos cuando han tenido el mando mayoritario en la legislatura local. Ninguno se salva.
De ahí la trascendencia que tiene la sentencia del máximo tribunal constitucional del país. Esperemos que los diputados locales entiendan el mensaje y dejen de interpretar convenencieramente la ley.
Todos, sin distinción, estamos obligados a respetar las normas, porque de esa forma se garantiza el orden social. En el caso del Congreso del Estado, su obligación es todavía mayor, porque precisamente su tarea principal es generar el marco jurídico al que todo ciudadano debe someterse.
Es una lamentable paradoja que quien hace las leyes sea el primero en violentarlas.
Esperemos entonces que esta resolución de los ministros motive a las legislaturas a privilegiar el respeto por la Constitución y la ley, para que no tenga que ser la Corte quien les enmiende la plana y los exhiba ante los ciudadanos.
De hecho, es muy probable que ese precedente que hoy está sentando la Corte sea aplicado en un futuro próximo a distintos recursos de impugnación que tanto el PAN como Morena han interpuesto por vicios en el procedimiento legislativo.
Por cierto, me parece que la valentía que mostraron los ministros también tendrá efectos favorables hacia el interior de todo el Poder Judicial federal, incluyendo al Tribunal Electoral.
Es así porque no es ningún secreto que las constantes embestidas mediáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador han generado una especie de efecto intimidatorio hacia jueces y magistrados, lo cual termina incidiendo al momento de emitir sus resoluciones.
Hoy, con el valor mostrado por el Pleno de la SCJN, todo juzgador entenderá que no tendrán que padecer ninguna consecuencia por ejercer con imparcialidad su función de impartidores de justicia.
Esperemos que así sea, por el bien de todos los ciudadanos. México merece tribunales de justicia verdaderamente autónomos e independientes, alejados del sometimiento de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
EL RESTO
MISIÓN CUMPLIDA.- Para efectos prácticos, Morena logró su objetivo con la comparecencia del fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, ante los diputados, el pasado lunes.
Recordemos que la razón para citar al funcionario fue para reclamarle su lentitud en la integración de las carpetas de investigación contra exfuncionarios de la anterior administración y del mismo exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Al respecto, Ramírez Castañeda anunció que “a más tardar la semana próxima” comenzará a judicializar las primeras carpetas de investigación que deriven en órdenes de aprehensión contra excabecistas.
Los diputados de Morena podrán decir: misión cumplida.
ASI ANDAN LAS COSAS.
