Este lunes fue aprobada por el Congreso del Estado una reforma de ley que crea la Dirección Estatal de Tránsito.
Se trata de una corporación que, de acuerdo al dictamen, patrullará e implementará operativos preventivos en las carreteras, tanto estatales como federales, con el ánimo de disminuir la alta incidencia de accidentes.
Será una especie de policía auxiliar de la Guardia Nacional.
De entrada, habría que decir que la intención es buena, sobre todo porque desde que fue desaparecida la Policía Preventiva, División Caminos, allá por el 2019, para dar paso a la Guardia Nacional, se comenzó a registrar un alarmante incremento en los percances automovilísticos, muchos de ellos con saldos trágicos.
Al no haber una policía que ejerciera vigilancia, o que tuviera por lo menos presencia en las carreteras, como era la Policía Federal, se generó un caos fatal. Las estadísticas son la evidencia más trágica de ese abandono policial.
Por eso nuestra afirmación de que es una buena decisión crear una corporación estatal que haga el trabajo que no está haciendo la Guardia Nacional.
Sin embargo, hay un “pero”: la tarea de vigilancia y patrullaje en las carreteras federales es de jurisdicción federal. Nada tiene que hacer una corporación estatal en una zona federal.
El argumento de los promoventes de la reforma es que, se firmará un acuerdo con el gobierno federal para que se le permita a la Dirección estatal de Tránsito patrullar vías federales. En palabras sencillas lo que nos dicen es que, la federación les dará permiso al Estado de vigilar sus carreteras.
El problema es que, un acuerdo o convenio intergubernamental no puede estar por encima de disposiciones constitucionales y legales, que protegen derechos fundamentales y humanos de los automovilistas.
Derivado de ello, es muy probable que, tan pronto entre en vigencia la reforma respectiva se vendrá una “lluvia” de amparos contra la misma, amén de los recursos que promuevan aquellos ciudadanos que comiencen a verse afectados por los actos o acciones de los policías estatales.
Ese es el lado malo de la reforma aprobada. Insisto: es buena en su intención, pero su marco legal está muy endeble.
El otro “pero” de la corporación a la que se pretende dar vida, es el temor fundado de que aumenten los actos de corrupción en las carreteras.
Y cuando decimos que se “incrementen” lo hacemos porque, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones en este espacio, son cotidianas las extorsiones que elementos de la Guardia Nacional ejercen sobre los conductores, sobre todo aquellos que manejan unidades de procedencia extranjera, ingresados de contrabando al país.
Los agentes federales andan más dedicados a “centavear” a los dueños de los “chocolates”, que en cuidar que traileros y automovilistas en general respeten los límites de velocidad, causa principal de accidentes.
¿Usted cree que no les va a ganar la tentación a los agentes de tránsito estatal? Por supuesto que les ganará.
En todo caso lo que se requiere es que el gobierno federal construya una corporación encargada específicamente del cuidado de las carreteras. Pero debe ser una policía con suficientes recursos, tanto humanos como de equipamiento.
Y, sobre todo, debe ser una policía con preparación profesional, como lo tenía aquella desaparecida Policía Federal de Caminos o la misma Policía Federal División Caminos.
EL RESTO
Por cierto, tiene razón el coordinador de los diputados del PRI, Edgardo Melhem Salinas, cuando denuncia “agandalle” o “pirateo” de su iniciativa por parte de legisladores de Morena.
El diputado por Reynosa recordó que, desde el 28 de junio del 2023 presentó una iniciativa para crear la Guardia Estatal, división caminos, la cual hasta la fecha no ha sido dictaminada.
Sin embargo, acusó, este lunes fue dictaminada a favor otra iniciativa presentada después que la suya, por un legislador de Morena, olvidándose de aquel principio básico que dice: “el que es primero en tiempo, es primero en derecho”.
ASI ANDAN LAS COSAS.