Resultado de la voracidad de los últimos gobernadores, Tamaulipas tiene una deuda pública que acabará de pagar hasta ¡noviembre del 2048!
Son 20 préstamos con la banca comercial cuyas cifras iniciales sumaron 31 mil melones.
El compromiso más cercano se terminará en 2030, algo increíble cuando en 1999 el Estado tenía una deuda de 373 millones (POE), de ellos 50 con Banorte. El resto con el Banco de Obras y Servicios Públicos.
Hoy a Banorte se le deben nueve mil 500 millones, que se fueron acumulando desde 2009.
Francisco, Egidio, Eugenio y Tomás no empeñaron a Tamaulipas -bueno, si vendieron en ganga mil, 600 hectáreas en Altamira y predios en Madero y Soto la Marina- porque Dios es muy grande y el pueblo les habría iniciado una Revolución. De ese tamaño.
Con Enrique Cárdenas, Américo y Cavazos, se pedía a Banobras para proyectos de infraestructura en beneficio de comunidades, pagando intereses blandos. La política era no pedir prestado, hacer todo con recursos propios.
Al 24 de septiembre del presente, el endeudamiento del Estado asciende a 15 mil, 250 milloncillos, como decíamos, que vencen dentro de 24 años (algunas reestructuraciones). Los ex se pasaron la Ley por el arco del triunfo.
Pues bien, el gobernador Américo Villarreal acaba de solicitar un préstamo para construir 15 estaciones de la Guardia Estatal en la faja fronteriza. Se trata de mil 123 millones en uno o varios montos.
Respetuoso de la Ley, pidió que el decreto de los diputados apunte que esa lana deberá liquidarse antes del 30 de septiembre del 2028, es decir, cuando le toca entregar la administración estatal. Nada de saludar con sombrero ajeno -con obras- ni dejar cola transexenal.
Si lo hubieran hecho los anteriores, otro gallo nos estaría cantando en cuanto a presupuesto estatal. Los antecesores dejaron embargadas las participaciones federales e impuesto sobre nóminas por largos años.
A 15 días de terminarse su ejercicio, Yarrington tuvo la ¿desfachatez? De pedir 700 millones que nunca se supo para qué, en qué se gastaron. Llegó a decirse que fue el “retiro” propio y de sus colaboradores.
Al 31 de enero del 2004, Tamaulipas debería a Banobras y banca privada 931 melones, todo bien explicado.
Entre 2003 y 2004 Tomás se hizo de 700 millones en dos partidas con Serfin. Ahí comenzó el desenfreno de las siguientes administraciones que paró con la llegada de la 4T.
Interponían cualquier pretexto endeudar a los tamaulipecos, que la seguridad pública o la pandemia de Covid.
Eugenio Hernández dejó temblando las finanzas. Al 31 de diciembre del 2010 (POE) el gobierno debía siete mil millones, prácticamente todos a la banca privada. Las participaciones no llegaban a Finanzas, sino a los bancos a través de fideicomisos especiales ¡que también cobran! por manejo.
Hasta da risa lo que Gaño mandó en la iniciativa de decreto, en cuanto al plazo de pago: “Siempre y cuando no exceda de un máximo de 30 años”. Dejaba embargadas las finanzas de los siguientes cinco gobiernos.
El tres de junio del 2009 los diputados avalaron seis mil melones para construir lo que hoy es el Parque Bicentenario y el Congreso del Estado. Es lana que todavía se está pagando, con intereses.
Por lo menos se ven las obras, ahí está la Torre Bicentenario, el parque, el Palacio Legislativo y el Archivo del Estado.
Egidio casi dobleteó el endeudamiento, con el cuento de que pagaba la alimentación y estancia de elementos del Ejército Mexicano, en tanto que la inseguridad nunca se dijo reducida. Fue la época más negra para los tamaulipecos.
Las cuentas por pagar, al 30 de septiembre del 2016 sumaban once mil 930 millones, a pagarse entre 2030 y 2032. El dinero se fue prácticamente a gasto corriente, no en obras. Dos mil millones se contrataron entre 2015 y 2016.
Francisco Cabeza de Vaca también se sirvió con la cuchara grande. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2022 andaba por los 16 mil millones, más los cuatro mil que firmó en asociación privada más allá de su sexenio.
Y eso que de Doña Federación le negaron seis mil melones que quería, con el pretexto de combatir la pandemia. Con esa desvergüenza.
Es el primer préstamo -más allá de un año- que pide la administración de Américo. La cubrirá su gobierno antes de irse.
Hablando de los diputados al Congreso local aprobaron la Ley de Atención a Víctimas, misma que obligará la creación de un Registro Estatal de Víctimas del delito o violación de sus derechos humanos, para darles ayuda, asistencia, atención y acceso a la justicia y reparación de daños.
Igual habrá un carnet para que las víctimas reciban atención en las instituciones de salud.
Deja sin efecto la Ley de 2017 que no se cumplió. Los municipios tenían una participación limitada. No se creó la Asamblea Consultiva, ni el Comité Interdisciplinario Evaluador, ni había fondo económico.
