Oscar Pineda.-
Sin que sea una regla escrita, cada nueva administración estatal identifica y persigue a los villanos del gobierno anterior, los exhiben y persiguen y en algunos casos los encarcelan.
En los gobiernos priistas está práctica servía para deslindar a los nuevos gobernantes de sus antecesores, también para el cobro de facturas y afrentas pasadas y, de paso, para darle a la gente un dulce con qué entretenerse.
Con el gobierno panista las motivaciones cambiaron un poco, pues, aunque hubo irregularidades y en demasía en la administración saliente, la persecución fue más por venganzas y odios personales que por justicia.
A juzgar por la narrativa del gobierno morenista de Américo Villarreal Anaya, ésta no será la excepción y la intención es castigar, con cárcel, a los villanos de la administración panista cuya lista encabeza el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, según lo repiten, un día si y otro también, los funcionarios de la administración americanista que ya lleva interpuestas al menos 28 denuncias contra ex servidores públicos incluyendo al ex mandatario.
En promedio los gobernadores entrantes se han tardado un año para castigar a los culpables de corrupción o adversarios políticos.
Tomás Yarrington demoró un poco más, tomó protesta en 1999 y en el 2000 fue detenido el ex secretario de Sedesol, Pedro Hernández Carrizales, quien fuera uno de los operadores y más cercano colaboradores de Manuel Cavazos Lerma.
Egidio Torre Cantú tomó protesta el uno de enero de 2011, ocho meses después metió a la cárcel a Mario Ruiz Pachuca, ex coordinador de Comunicación Social en la administración de Eugenio Hernández Flores, quien por cierto fue el único gobernador que no encarceló a nadie de la administración de su antecesor, aunque hubo muchos desterrados.
Cabeza de Vaca tomó protesta el uno de octubre de 2016, un año después, en octubre del 2017, fue detenido el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, quien a la fecha continúa privado de su libertad.
Durante la administración cabecista también fueron detenidos Cristóbal Rosales, ex subsecretario de ingresos del gobierno de Egidio Torre Cantú; Pablo Zárate Juárez, ex titular de ITAVU en la época de Yarrington; Luis Biasi, operador político de la ex alcaldesa Leticia Salazar y el entonces candidato a la alcaldía de San Carlos, Francisco López; sin contar la persecución contra el ex alcalde Carlos Canturosas, quien tuvo que autoexiliarse en Estados Unidos; y hacia el final de la administración, la persecución contra los alcaldes Adrián Oseguera, de Madero; Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo; Mario López, de Matamoros y Eduardo Gattas, de Victoria, todos morenistas.
Insisto, no es una regla escrita y el límite de tiempo son seis años, sin embargo, el pueblo está ansioso de resultados y la narrativa no siempre soporta más de un año.
En el caso de la administración de AVA las detenciones podrían tardar tanto como se demore en renovar las fiscalías que le fueron heredadas precisamente para evitar la acción de la justicia contra los que se fueron, o el tiempo que empleen para encontrar una ruta distinta, entiéndase la FGR. Por lo pronto van seis meses y contando…
EL PERSONAJE
Sin duda la comparecencia del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, ha sido una de las que más se ha apegado a la razón de ser de este tipo de ejercicios, el de informar.
A diferencia de quienes le antecedieron en el turno ante el Congreso, el titular de Salud dedicó más tiempo a informar el estado que guarda la Secretaría a su cargo y las acciones que han realizado en estos casi siete meses para restaurar el sistema de salud del estado, mismo que se encuentra muy deteriorado.
Se notó que logró conformar un equipo sólido y con experiencia, que lo hicieron lucir tanto en el Pleno como en su turno con los medios de comunicación en la rueda de prensa.
POSDATA
Los intentos del presidente López para desaparecer el INE y el INAI son una pésima señal y muestra clara del autoritarismo que vive el país, mismo que, aunque duela, nos lleva directamente a parecernos a Venezuela…
Sin un árbitro imparcial que vigile las elecciones y sin un instituto de acceso a la información la amenaza de una dictadura es más que latente.
