Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El extitular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y
hoy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Javier Castro
Ormaechea, se encuentra convertido en una verdadera deshonra para el
sistema de justicia de Tamaulipas.
Lo es, no solamente por los abusos que cometió desde su posición de
encargado del combate a la corrupción (y que no tardan en revertírsele, en
una especie de cobro de facturas por parte de quienes fueron sus víctimas,
entre ellos el exgobernador, Eugenio Hernández Flores) sino también por
los atropellos que desde su posición como juzgador de segunda instancia
viene cometiendo contra sus subordinados.
La historia de excesos comenzó a partir del primer día que asumió
como titular de la segunda sala unitaria en materia penal, cuando exigió que
le renovarán todo el mobiliario de su oficina. Amparado en la comodidad
que representa el exigir lujos a costa del erario público, Castro Ormaechea
no se midió en sus exigencias.
Desde su llegada al cargo, el abogado victorense ha sido una especie
de pesadilla para todos aquellos que laboran a su alrededor. Las quejas en
su contra no son solamente de sus subordinados, sino también de sus
mismos pares y también de los justiciables y litigantes, quienes se quejan
de su prepotencia, su mal carácter y su necedad, a forma de amago, de
presumir constantemente el padrinazgo de los hermanos Francisco e Ismael
García Cabeza de Vaca.
Uno de sus abusos más recientes es el cometido contra un secretario
de una de las salas penales, que ni siquiera estaba bajo su adscripción.
Amagándolo con una acusación sin comprobar y violentando las más
elementales garantías a las que toda persona tiene derecho, Ormaechea
encerró en su oficina al servidor público para exigirle que firmara
voluntariamente su renuncia.
A base de recordatorios maternales y todo tipo de insultos
degradantes para cualquier ser humano, intentó intimidarlo para que
aceptara la degradación laboral, pero, conocedor de sus derechos, el joven
funcionario, con una trayectoria de más de 26 años en el Poder Judicial,
resistió las agresiones y se negó a renunciar voluntariamente.
En vez de ello, formalizó una demanda por la vía laboral por un
despido injustificado, y alista una denuncia penal por posibles delitos
cometidos en su contra, por parte de quien fuera el cobrador de venganzas
políticas del exgobernador panista.
Más allá del comportamiento despótico de quien ejerce uno de los
cargos de mayor jerarquía de la judicatura local, resulta una incongruencia
lamentable que este tipo de excesos sean cometidos por alguien cuya
principal obligación es velar por la justicia y los derechos humanos de los
ciudadanos.
Seguramente Castro Ormaechea se siente cobijado por el fuero
constitucional que le da su calidad de magistrado, pero se olvida de que
frente a ello existen mecanismos constitucionales para despojar de ese
“blindaje” a quienes incurren, desde su posición, en conductas contrarias a
la ley. El fuero no es una patente de impunidad, y si alguien lo sabe es
precisamente él.
De hecho, es muy probable que en breve vaya a ser formalizada una
solicitud de juicio político en su contra a raíz de las denuncias penales
formalizadas ante el Fiscalía de Justicia, por abogados de ciudadanos que
fueron despojados de varios predios en Playa Miramar durante el gobierno
de Cabeza de Vaca y cuando él era precisamente el titular de la fiscalía
anticorrupción.
Esa, es otra historia que valdrá la pena desmenuzar, porque atrás de
ellas también hay muchas víctimas inocentes que esperan justicia.
ASI ANDAN LAS COSAS.
