José Inés Figueroa Vitela
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sacudido los cimientos de la política en Tamaulipas, y no precisamente para bien.
Los corruptos del pasado sexenio, aquellos que se enriquecieron a costa del sufrimiento de los tamaulipecos, parecen creer que este veredicto les otorga un salvoconducto para seguir en la impunidad.
Sin embargo, su cinismo no es más que un espejo de su propia decadencia.
La realidad es que la voz del pueblo, que ha manifestado su voluntad a través de las urnas en las últimas elecciones, no se puede silenciar con un fallo judicial.
La bancada de Morena en el Congreso local, liderada por HUMBERTO PRIETO HERRERA, ha alzado la voz contra este fallo, señalando las inconsistencias y dudas que rodean la decisión de la Corte.
El coordinador de la bancada mayoritaria morenista y Presidente del Congreso local no solo protestó, sino que también cuestionó la coherencia del sistema judicial al invalidar un decreto que fue superado por otro en 2024.
Este acto no solo ignora el mandato constitucional, sino que también revela un desprecio por el proceso democrático que debería guiar nuestras instituciones, con énfasis en las de carácter jurisdiccional.
La pregunta que se plantea es inquietante: ¿qué clase de justicia tenemos en México? ¿Qué intereses se protegen detrás de estas decisiones que parecen más un capricho de los poderosos que un verdadero ejercicio de justicia?
La respuesta es clara, y el pueblo tamaulipeco lo sabe. No se trata de un capricho; se trata de una lucha por la legalidad y por el bien común.
En la conferencia de prensa que dictó ayer tarde, flanqueado por los suyos, PRIETO HERRERA subrayó la urgencia de reformar el Poder Judicial, producto del clamor del pueblo, como un imperativo moral.
Es preocupante que en lugar de buscar justicia algunos sectores intenten desacreditar a quienes están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.
Las acusaciones de los panistas, que amenazan con denuncias y juicios políticos, parecen más un intento de desviar la atención sobre lo verdaderamente trascendente e igualmente inaplazable, que un genuino deseo de justicia.
Es momento de que los ciudadanos de Tamaulipas se den cuenta de que la verdadera lucha no es contra un partido o un grupo de legisladores, sino contra la impunidad que ha reinado durante mucho tiempo y se exacerbó en el sexenio pasado.
Los nuevos tribunales, que están en proceso de ser democratizados y que serán reflejo de la voluntad popular, se van a encargar de hacer efectiva la justicia, tanto tiempo postergada.
La historia está en nuestras manos, y la voz del pueblo no puede ser ignorada.
En conclusión, el fallo de la Corte no detendrá el inexorable avance de la justicia en Tamaulipas. Quienes han cometido delitos deben rendir cuentas, y el pueblo clama por ello. La lucha por la verdad y la justicia no se detendrá, porque, al final del día, el poder reside en el pueblo y no en aquellos que intentan ocultar sus fechorías tras el manto de la ley, las confabulaciones, el contubernio, las mentiras, el abuso.
La historia, como siempre, se encargará de juzgar a los que han abusado de ella.
El pueblo desde antes lo viene haciendo, manifestándose en las urnas.
