La corrupción en el sistema de justicia laboral es un cáncer viejo, enquistado en Tamaulipas desde hace décadas, y al que nadie —en serio, nadie— ha querido meterle el bisturí. La razón es simple: el negocio es redondo para muchos y el silencio siempre ha sido rentable.
Desde las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pasando por áreas jurídicas de las dependencias gubernamentales, hasta llegar a despachos de abogados y políticos voraces, se ha tejido una red oscura que lucra con la necesidad de los trabajadores que ganan un juicio laboral, pero no pueden cobrarlo sin antes “mocharse”.
No se trata de un fenómeno aislado ni reciente. El cobro de comisiones ilegales a cambio del pago de laudos viene, al menos, desde el sexenio de Eugenio Hernández Flores. Siguió con Egidio Torre Cantú y se perfeccionó durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. Cada administración puso su granito de podredumbre, mientras las instituciones encargadas de vigilar y castigar… dormían.
La práctica es simple, pero brutal: el trabajador gana su caso, pero para que le paguen su indemnización —a la que tiene derecho por ley— se le exige entregar una tajada. Así, en lugar de recibir justicia, termina pagando un soborno. Es, literalmente, una extorsión institucionalizada.
El entramado es más amplio de lo que se cree. Involucra a litigantes que actúan como coyotes, a servidores públicos que frenan intencionalmente los trámites, a funcionarios de las Juntas que manipulan los expedientes, y a políticos que cobran su parte desde la sombra. Es una mafia. Con todas sus letras.
Y que no se crea que se trata solo de unas cuantas dependencias. Si bien la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo son de las más señaladas, el fenómeno alcanza a muchas otras áreas de la administración estatal e incluso de los mismos ayuntamientos. Donde haya trabajadores despedidos y laudos sin pagar, hay una oportunidad para el atraco.
En la Secretaría de Salud, por ejemplo, hay nombres y apellidos de asesores, directores y jefes de departamento, que aparecen una y otra vez en los testimonios de trabajadores que han sido víctimas del chantaje. En la Secretaría del Trabajo, un personaje de apellido Puga es identificado como pieza clave del esquema corrupto. No es coincidencia. Es sistema.
¿Dónde están los órganos de control interno? ¿Qué hace la Contraloría Gubernamental? ¿Y la Fiscalía Anticorrupción? ¿Acaso no hay elementos suficientes para iniciar una investigación a fondo? Porque aquí no se trata solo de fallas administrativas, sino de delitos graves: extorsión, cohecho, abuso de autoridad.
El gobierno de Américo Villarreal Anaya tiene ante sí una oportunidad histórica: desmontar esta maquinaria corrupta que ha sobrevivido sexenio tras sexenio, y que ha hecho de la impunidad su escudo.
La oportunidad es propicia ahora en que precisamente la indicación salida desde Palacio de Gobierno es de cero tolerancia a la corrupción. «El que la haga, la va a pagar», advierte el discurso gubernamental y por ese hecho se espera que pronto haya noticias sobre el tema. La Auditoría Superior del Estado ya dio acuse de recibo.
Eliminar los moches en el pago de laudos no es sólo una cuestión de justicia laboral, sino de dignidad institucional. Aquí hay un frente que no puede seguirse ignorando.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
