Inventarle relaciones con algún grupo delincuencial, a quienes han escogido como sus adversarios, víctimas u obstáculo en sus pretensiones, es una forma de actuar muy característico de la banda que asaltó el poder público estatal durante el pasado sexenio.
En su tiempo, se trataba de que el grupo antagónico acosara a sus señalados y/o que estos salieran despavoridos para quitarlos del camino a sus aviesas intenciones.
Ahora, en la reedición de sus viejas prácticas, solo pretende amenazar y presionar, justificar, la persecución y acoso a los actores políticos de la plaza en pugna.
Desde hace dos semanas, los voceros de la ex dirigente priista y derrotada candidata panista a la alcaldía de Nuevo Laredo, han estado desplegando la vieja práctica del cabecismo, al tiempo que sus esbirros destruyen propaganda y deslizan amenazas contra operadores y simpatizantes de la alcaldesa con licencia en campaña por la reelección.
La idea de YAHLEEL ABDALA de que llegar a la alcaldía -que antes ya le rechazaron los electores- a partir de una estrategia de terror, ya está en las mesas de seguridad nacional y en los récords del vecino país del norte.
Ahora que la contendiente morenista, le ha responsabilizado de lo que le pueda suceder a ella o los suyos, a partir de las amenazas vertidas, además deberá escalar a las instancias jurisdiccionales domésticas y federales.
Con absoluto cinismo y sospechosa complicidad, el coordinador de la bancada panista en el Congreso Local, en nombre de los suyos, ayer hasta se atrevió a querer revertir las denuncias sobre aquello, usando argumentos como la afirmación de que los señalamientos son producto de la desesperación por la situación electoral.
Todas las encuestas, hasta las levantadas por empresas de tendencia prianista, ubican a la alcaldesa con licencia y abanderada morenista a la reelección, con ventajas de dos y hasta más tres tantos uno, sobre la candidata de la delincuencia.
El mismo MOYO GARCÍA, en torno del Congreso Local, ayer remitió al “revanchismo político”, la decisión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, de pedir sanciones contra quienes mal fiscalizaron las cuentas públicas del 2021 y reabrir las mismas para determinar si en efecto, hubo un correcto manejo de los recursos públicos.
Dicho de otra manera, el anterior Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO y sus colaboradores, a quienes se confió el trabajo técnico de revisión de las cuentas públicas, deberán responder por el incumplimiento de las responsabilidades constitucionales.
Ello, sin detrimento que, al cotejar en efecto, el manejo de los recursos públicos, le resultarán seguramente responsabilidades, por ejemplo, al exgobernador FRANCISCO JAVIER “N”, al ex rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a los exgerentes de las COMAPAS de Tampico, Reynosa y Victoria, a varios exalcaldes y titulares de otros entes autónomos y desconcentrados, de entrada.
Son los mismos a los que el exgobernador de triste memoria trató de vacunar con la autorización apresurada de sus cuentas y la retención de los documentos que ESPINO en su tiempo hizo, para impedir que los diputados de la Comisión de Vigilancia conocieran el contenido de las cuentas.
Obvio, tales actitudes tienen toda la marca de la ilegalidad, lo mal hecho, lo malversado, lo punible, lo condenable.
¿Cuál revanchismo político?
Si los desenlaces de tales procesos se ubican en este tiempo electoral, es porque los mismos operadores del exgobernador de triste memoria, estuvieron haciendo cualquier cantidad de estratagemas para prolongarle el manto de impunidad por el que se ha evadido de la justicia por tanto tiempo.
Lo dijo la diputada Presidenta del Congreso local ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA: es una incongruencia, porque parte de nuestras funciones es estar vigilando; lo que tengamos que hacer para que esté bien aplicado el recurso de los tamaulipecos, lo vamos a seguir haciendo.
La revisión es general y no será poca la pus que brote, pero hay casos especiales sobre los que existen denuncias de presuntas irregularidades precisamente de ese ejercicio, sobre los que se abre la oportunidad de volver a checar los números y su aplicación en el campo.
Entre ellos, los municipios de Gonzáles y Bustamante.
Los diputados todos, se pusieron de acuerdo en pedir el apoyo de las autoridades federales para los productores sorgueros tamaulipecos que, como siempre, en sus cosechas ven caer los precios del grano, amagando la viabilidad de su actividad.
