Aunque parece difícil que el paro de los trabajadores, incluidos jueces y magistrados del Poder Judicial Federal (PFJ), vaya a frenar la reforma judicial, el movimiento ya sentó un precedente en la historia del país.
Es la primera vez que el sistema federal de impartición de justicia se paraliza. Nunca antes había sucedido que juzgados y tribunales colegiados dejaran de operar, como ocurre desde el pasado lunes.
Era inevitable que algo así ocurriera, porque habría sido una incongruencia que quienes son los encargados de impartir justicia, se quedaran de brazos cruzados frente a una reforma constitucional que terminará afectando sus derechos. Quién mejor que ellos para saberlo.
Sin embargo, insisto, luce casi imposible que los legisladores federales vayan a darle reversa a la iniciativa. La única posibilidad de “congelar” la reforma es que les llegará una orden desde Palacio Nacional, lo cual no sucederá.
Como quiera que sea, se ve y se nota la decisión de los impartidores de justicia de llevar su protesta hasta las últimas consecuencias. En otras palabras, se van a morir en la raya para defender sus derechos.
Y es que, aunque les habían prometido que la reforma no los afectaría, la realidad es otra, porque al desaparecer la carrera judicial los dejarán sin posibilidades de ascender, mientras que la eliminación de los fideicomisos les pegará en sus ingresos salariales.
Por lo demás, cada vez sigue creciendo más el rechazo social a esa disposición de que jueces, magistrados y ministros, sean electos por voto popular, con el añadido de que se recurrirá a la tómbola para depurar el número de aspirantes.
Más allá de filias o fobias partidistas, hay que decir que la reforma en debate encierra muchos riesgos para los mexicanos. Todavía albergamos la esperanza de que, algo ocurra de último minuto que frene su aprobación.
Por lo pronto, platicamos ayer con algunos manifestantes y nos explicaban que la intención es prolongar el paro hasta por lo menos seis semanas. O sea que, el parón va para largo.
Por cierto, la marcha de protesta que realizaron, en la Capital del estado, al menos 300 trabajadores del Poder Judicial Federal en Tamaulipas, evidenció la unidad del movimiento.
El recorrido, desde la sede del Poder Judicial Federal en el boulevard “Praxedis Balboa” hasta el Congreso del Estado, fue pacífico. Los manifestantes fueron respetuosos con los ciudadanos. Usaron un solo carril para su marcha, con lo que evitaron bloquear la circulación vehicular.
Al grito de, “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”; “Congreso, entiende, la justicia no se vende”, y “México, escucha, ésta es tu lucha”, ingresaron a la llamada casa del pueblo, donde se entrevistaron con la presidenta de la Junta de Gobierno, la morenista, Úrsula Salazar Mojica.
A muchos les pareció extraño que una protesta contra una reforma federal se diera en la legislatura local, pero el hecho tiene explicación y justificación, porque el proceso reformador de la constitución incluye a los congresos de los estados. Para que una reforma quede firme requiere del respaldo de al menos 17 legislaturas estatales.
EL RESTO
Por cierto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ya pintó su raya en relación a la reforma judicial.
A través de un comunicado, difundido en su página de internet, la judicatura local aclaró que seguirá laborando como lo hace regularmente.
Eso significa que los magistrados y jueces del estado no se sumarán al paro nacional del Poder Judicial de la Federación.
“La dinámica evolutiva que los tiempos actuales exigen, nos comprometen a actuar de forma responsable con acciones que nos encaminen a seguir garantizando el Estado de Derecho y que atiendan la impartición de justicia que merecen las y los tamaulipecos.
“En el tiempo de justicia para todos, quienes integramos este Poder refrendamos nuestra determinación de garantizar un servicio de calidad y salida al encuentro con la ciudadanía”, señala el comunicado.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
