Posiblemente por lo acelerado de los tiempos, pero el Instituto Electoral de Tamaulipas trabaja en la elaboración del catálogo de infracciones, al que se sujetarán quienes aspiren a uno de los 147 cargos del Poder Judicial del Estado que estarán en juego el uno de junio.
Con esos lineamientos se pretende garantizar la claridad y la certeza jurídica durante el proceso judicial, cuyo periodo de campaña inicia en marzo, para las candidaturas que finalmente apruebe el Congreso local.
La presidenta de la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto Electoral de Tamaulipas, MARCIA LAURA GARZA ROBLES, encabeza esos trabajos, para que a más tardar en febrero estén listos y se puedan aplicar conforme la norma.
Y es que, al igual que los candidatos de partidos en cada elección, los que aspiran a un cargo en el PJE andan acelerados, utilizando las redes sociales para realizar una promoción personalizada ante la población, con respecto a su posible candidatura.
Sin embargo, el Ietam francamente poco o nada puede hacer contra esos acelerados, aunque sí en condiciones de recibir quejas ciudadanas y canalizarlas al Tribunal Electoral del Estado, donde su presidente RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS sigue convocando a sesiones públicas, pero no presenciales.
En el catálogo se pretende imponer sanciones a quienes estén al frente de partidos políticos, como a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que promuevan o impulsen candidaturas, de quienes aspiran a un cargo en el PJE.
Y es que los que llegarán a ser candidatos no podrán recibir recursos por concepto de financiamiento público ni tampoco de índole privado, e incluso estarán impedidos para contratar espacios de publicidad en medios de comunicación.
De lo que nos adelantó la consejera GARZA ROBLES, diremos que los que aspiran a un cargo en el Poder Judicial del Estado tampoco podrán participar en mítines, similares a los que convocan los partidos políticos.
Lo que se busca con estos lineamientos, criterios y catálogo de infracciones, es que impere la equidad, la transparencia y la certeza jurídica de lo que será el proceso eleccionario.
Al Instituto le urge disponer de toda esa normatividad, sobre todo porque varios de los prospectos andan acelerados y nadie les contabiliza ni les impide promoverse ante la población, haciendo uso de las redes sociales. En fin.
