Rogelio Rodríguez Mendoza.-
LA SOCIEDAD ESTÁ ASUSTADA.- La única verdad en relación a la “narco-violencia” que vive gran parte de Tamaulipas es que la sociedad está asustada.
Al ciudadano poco le importa si atrás de los hechos de inseguridad pública está la mano de personajes políticos que quieren desestabilizar al gobierno en turno, como tampoco le interesa que éste insista en acusar a su antecesor de ser el responsable de la violencia delincuencial y con ello regatearle el mérito que tanto presume de haber pacificado al estado.
Lo que al ciudadano le preocupa e intimida es que regrese a Tamaulipas aquella época negra que se vivió hasta hace al menos cinco años.
En ese entendido, lo único que la sociedad quiere es que los gobiernos dejen de repartir culpas y se dediquen a combatir con energía a los grupos delincuenciales que están aterrorizando a la población, sin importar que estos actúen inducidos o no.
Esperemos que las autoridades no vayan a querer aplicar en Tamaulipas aquello de, “abrazos, no balazos”. El tamaulipeco no aguantaría eso.
LO QUE VIENE.- Si llega a prosperar el criterio del ministro Alberto Perez Dayán, con el cual anularía, por vicios en el proceso legislativo, el llamado “Plan B” en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados del Congreso de Tamaulipas ya podrán comenzar a preocuparse.
Y es que si de violaciones al procedimiento legislativo se trata, el Congreso del Estado se pinta solo.
Durante la anterior y la actual legislatura la Constitución y la ley interna del Congreso local han sido pisoteadas hasta la saciedad por las bancadas que han tenido el mando en el Poder Legislativo.
Los grupos mayoritarios han usado el marco constitucional y legal para interpretar las leyes a su conveniencia, pasando por alto el procedimiento parlamentario.
Por eso, crucemos los dedos para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe el proyecto de sentencia Pérez Dayán, porque con ello les estaría dando un “estate quieto” a las legislaturas locales, para que dejen de manipular a su antojo la Carta Magna y la ley que rige el proceso parlamentario.
De hecho, una eventual sentencia de la Corte, como la que propone Dayán, podría definir el futuro de más de media docena de controversias y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por las bancadas del Congreso local.
NERVIOS EN EL TRIELTAM.- En el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) algunos andan nerviosos y otros curiosos por conocer el desenlace que tendrá la queja contra el magistrado presidente, Edgar Danés Rojas, por presuntamente violar la Constitución y la ley al cobrar remuneraciones en calidad de catedrático.
El asunto sigue estando en la cancha del Senado de la República sin que se haya emitido todavía una resolución, que, como ya lo dijo en su reciente visita a Tamaulipas Ricardo Monreal, presidente de la Cámara alta del Congreso de la Unión, implicaría una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución.
Nosotros dudamos mucho que la sentencia se vaya a ir a los extremos del castigo, pero seguramente sentará precedente para que los actuales y futuros magistrados frenen sus ambiciones económicas.
Desde luego que el yerro del magistrado Danés llama la atención porque es uno de los más reconocidos expertos constitucionalistas.
Es decir, si alguien sabe lo que la Constitución permite y no, es precisamente él.
Por cierto que el Magistrado Presidente sigue sin conciliar diferencias con sus pares, lo que mantiene tensa y polarizada la convivencia en el máximo tribunal de justicia electoral del estado, incluso entre la burocracia menor.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
