Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La tarde del pasado 17 de agosto, en Ciudad Victoria, el motociclista,
Aldo Mercado, repartidor de comidas, murió al colisionar con una camioneta
manejada por una joven. Fue un accidente automovilístico que derivó en un
homicidio culposo, o lo que comúnmente se conoce como homicidio
imprudencial.
Conforme se fue difundiendo en redes sociales la historia de vida, de
padre ejemplar, de la víctima, se fue generando una especie de indignación
social, que en cuestión de horas se intensificó por la irresponsabilidad de
seudoperiodistas, que aseguraban que la conductora de la camioneta había
sido liberada y que el hecho quedaría impune.
Tanto fue el enojo ciudadano que, al día siguiente decenas de
compañeros de Aldo salieron a las calles para exigir justicia. Bloquearon el
bulevar “Tamaulipas”, frente a la casa de gobierno, y luego hicieron lo
mismo en el lugar donde ocurrió el trágico accidente.
En redes sociales la indignación también se intensificó. Se dio una
especie de linchamiento mediático hacia la conductora, a quien comenzaron
a llamar, injustamente, “asesina”.
La realidad es que, la muerte de Aldo, fue producto de un lamentable
accidente automovilístico como tantos que ocurren a diario. Todos aquellos
que manejamos un vehículo motriz estamos expuestos a vernos
involucrados en un hecho fatal, ya sea como víctimas o victimarios.
Sin embargo, la historia confirma lo peligroso que pueden ser las
redes sociales, sobre todo cuando son alimentadas por personas sin
escrúpulos, que diciéndose periodistas, obviamente sin serlo, se dedican a
desinformar a la ciudadanía.
Por todo ello, el caso debe ser una oportunidad propicia para que las
autoridades entiendan que, la rapidez con que se comuniquen con los
ciudadanos es vital para evitar que se genere desinformación, y
consecuentemente desorden social, como el caso de Aldo.
Los ciudadanos no estamos obligados a conocer de Derecho, o de
“leyes” como se dice coloquialmente, por lo que son las instancias
impartidoras y administradoras de justicia las que están obligados a
informarnos con precisión y claridad cada que sucede un hecho delictivo.
Si desde el mismo día de los hechos, la Fiscalía General de Justicia
del Estado hubiera salido a informar, de entrada, que la conductora estaba
detenida, y después, que por tratarse de un homicidio culposo, derivado de
un accidente de tránsito, tenía derecho a ser liberada para que enfrentar su
proceso en libertad, no se habría generado tanto enojo ciudadano.
De hecho, dependerá del peritaje de Tránsito y de la resolución de un
juez, en base a las pruebas que le allegue el agente del Ministerio Público y
la defensa, quien determine la responsabilidad de los involucrados. Es decir,
no hay certeza de que la conductora vaya a ser declarada culpable. Eso es
algo que también debe informarse a la sociedad.
Por lo demás, la oportunidad es propicia también para que nosotros,
como ciudadanos, entendamos de una vez por todas que no todo lo que se
difunde en redes sociales es verdadero. Es momento de que aprendamos a
verificar cualquier información antes de darla por cierta.
No nos dejemos engañar, ni manipular.
EL RESTO.
Las historias de hostigamiento sexual en el Tribunal Electoral de
Tamaulipas ya rompieron fronteras. Son ya del conocimiento del Senado de
la República y es muy probable que sea uno de los temas prioritarios en la
agenda del siguiente periodo legislativo.
La verdad, sería una pena que el manotazo para poner orden en el
Trieltam tenga que darse desde la ciudad de México.
ASI ANDAN LAS COSAS.
