Rogelio Rodríguez Mendoza
Están sobradas de verdad las quejas y reclamos de los agricultores del norte de Tamaulipas, respecto a la crítica situación que están enfrentando a causa del abandono gubernamental que padecen desde hace seis años y de la estrepitosa caída de los precios internacionales de granos como el maíz y el sorgo.
Otra razón para estar molestos es el engaño del que fueron víctimas antes de junio pasado, cuando a cambio de que cesaran sus manifestaciones de protesta, y en particular dejaran de cerrar carreteras, el Gobierno federal les prometió mil millones de pesos para compensar el bajo precio del sorgo, que a razón de dos mil, 700 pesos por tonelada no les permitía ni siquiera recuperar los costos de producción.
Como consecuencia de todo lo anterior, el desánimo y desesperación entre los productores agropecuarios (incluidos agricultores, ganaderos, citricultores y hasta pescadores) ha venido creciendo peligrosamente. Lo que más les indigna es el desinterés gubernamental para escucharlos.
Con todo lo anterior, nadie duda que son justificados los enojos de los agricultores de Tamaulipas.
Pero ante ello surge una pregunta: ¿qué culpa tenemos de su situación el resto de los tamaulipecos como para que estén planeando cerrar, a partir de este miércoles, la carretera que conduce a la frontera?
Y es que, una de las varias organizaciones campesinas del municipio de San Fernando, anunció que bloqueará, de manera indefinida, la vía que conduce a Matamoros y Reynosa, para exigirle a la Federación la entrega de los mil millones de pesos que servirían para compensar el bajo precio de la tonelada de sorgo.
Los agricultores harán el bloqueo, sabedores de que, por ser la temporada navideña y de fin de año, el tránsito vehicular es mucho más intenso que en otras épocas del año, lo que suponen presionará todavía más a las autoridades.
Desde aquí hemos respaldado siempre el movimiento de protesta de los campesinos porque, reitero, son válidos sus argumentos de queja.
No obstante, esta vez no podemos estar de acuerdo con la especie de chantaje que le aplicarán al gobierno, porque al bloquear la carretera estarán afectando a miles y miles de personas inocentes, entre ellas a una gran cantidad de paisanos que están tratando de llegar a sus lugares de origen para pasar con sus familias la Navidad y Fin de Año.
Lo que los agricultores estarán haciendo es, usarnos como moneda de cambio a usted y a mí para intentar doblar a la autoridad, algo que, insisto, no se vale, porque los ciudadanos no tenemos ninguna culpa de la política agropecuaria de la Federación.
Frente a ello, es el momento de que el gobierno, sea el federal o el estatal, haga valer la ley.
El bloqueo de una carretera es un delito federal, severamente sancionado con pena de prisión, por lo que la autoridad tendrá que dejar atrás esa tolerancia extrema que ha venido mostrando frente a los cierres carreteros.
Esperemos que la amenaza de cierre no se concrete porque, por otra parte, generará condiciones de ánimo muy peligrosas, que podría degenerar en violencia entre los protestantes y los automovilistas que resultarán afectados al impedírseles el paso.
Ya en anteriores bloqueos carreteros han ocurrido conatos de violencia cuando muchos de los afectados han caído en la desesperación y han intentado atacar a los agricultores, por lo que esta vez seguramente la situación que se generará será mucho más crítica.
Por lo demás, alguien tiene que explicarles a los manifestantes que, en el ejercicio pleno de los derechos humanos hay una regla básica que deben atender.
“Tus derechos terminan donde inician los derechos de los demás”, reza ese principio, que es bueno informárselos, porque ha sido recurrente escuchar a muchas personas justificar sus actos de protesta contra el gobierno bajo el pretexto erróneo de que: “estoy defendiendo mis derechos”.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
