Rogelio Rodríguez Mendoza
El linchamiento mediático contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), y el Poder Judicial en general, azuzado desde la presidencia de república, está teniendo efectos peligrosos que podrían acelerar el riesgo de la anarquía social.
Solo para entendernos habría que precisar la definición del término anarquía. Tiene varios significados, pero nos quedamos con tres: “ausencia de norma”, “ausencia de autoridad” o “ausencia de gobierno”.
El punto es que, los recurrentes ataques contra el máximo tribunal constitucional del país, como parte de una estrategia de desprestigio para hacerlo aparecer como corrupto, deshonesto y enemigo del gobierno de la cuarta transformación, está llevando al desacato recurrente de las resoluciones que emiten, no solamente los ministros sino también hasta los jueces.
Así, por ejemplo, el Senado de la República se sigue resistiendo a acatar una sentencia del Pleno de la Corte, mediante la cual ordena convocar a un periodo extraordinario de sesiones para designar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
“Qué se creen esos señores (los ministros) para venir a decirnos lo que debemos o no hacer” cuestionó, con voz gritona, durante el debate en la comisión permanente de la cámara alta del Congreso de la Unión, una senadora al fijar su posicionamiento, evidenciando su aberrante ignorancia de lo que es el estado de derecho y por supuesto de lo que significa la división de poderes.
Ignora que los jueces están para impartir justicia y no para atender caprichos partidistas.
Pero hay algo peor: a causa precisamente de ese linchamiento hacia todo lo que represente el Poder Judicial, durante los últimos días se han dado casos de sentencias de amparo que han sido desacatadas por funcionarios públicos, principalmente del área de reclusorios.
Es decir, ya no solamente son los senadores y diputados, o el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes se pitorrean del Poder Judicial. Ahora lo están haciendo hasta funcionarios segundones y tercerones.
Solo le doy dos ejemplos: Uno de ellos es el caso de tres personas detenidas durante el cateo a una empresa en la Ciudad de México. Tras confirmarse que los policías no solamente carecían de orden judicial para ejecutar el cateo, sino que además “sembraron” armas, drogas y robaron cientos de miles de dólares, un Juez de Distrito ordenó la inmediata libertad de los acusados.
Sin embargo, el director del reclusorio donde permanecen los detenidos se niega a atender la resolución judicial. El funcionario no dice las razones de su desacato. Simplemente no atiende la instrucción de la autoridad judicial.
El otro caso es el de, “El Güero”, Palma, el tristemente célebre narco mexicano. Luego de purgar su condena y quedar libre de todo cargo, el gobierno mexicano se negó a liberarlo a pesar de existir la orden de un juez.
Evidentemente el gobierno lopezobradorista no quiso abrirle la puerta de la prisión para no hacer enojar a su par estadounidense, y en ese propósito no le importó privar ilegalmente de su libertad al acusado, para darle tiempo a la fiscalía general de la República de construirle y ejecutarle una nueva orden de aprehensión por homicidio.
Lo critico y peligroso de todo, le insisto, es que este desacato fomentado desde Palacio Nacional nos pone en grave riesgo a todos, porque podríamos caer en la anarquía social. Si nadie respeta las decisiones de los jueces solo nos quedará la ley del talión: de ojo por ojo, diente por diente.
Acúseme de exagerado y catastrofista, pero para allá vamos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
