Rogelio Rodríguez Mendoza
El pasado 16 de marzo, el agente de la Guardia Estatal, Cristopher Rivera, y un compañero, hacían patrullaje en la cabecera municipal de Río Bravo, cuando fueron alertados sobre la presencia de dos hombres sospechosos en una camioneta, presuntamente armados.
Los policías ya iban de regreso a su bases, pero atendieron de inmediato el llamado. Al ubicar a los sospechosos iniciaron una persecución y cuando casi les daban alcance fueron atacados por un grupo armado que llegó en auxilio de sus compañeros.
En la confrontación desigual, por el número de delincuentes y la potencia de las armas que usaban, Cristopher recibió un disparo en la cabeza. Aún con vida fue trasladado de urgencia a Reynosa, pero antes de llegar al hospital falleció.
Como siempre que ocurre la muerte de un policía, ese día, tan pronto se supo del homicidio del agente, en cumplimiento de su deber, vino una condena unánime de la sociedad y de los gobiernos.
También, como ya es una costumbre, al día siguiente de los hechos, en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se rindió un homenaje de cuerpo presente a la víctima. Ahí, frente a la familia de la víctima, el secretario de seguridad pública, Sergio Hernando Chávez, y otros funcionarios estatales, lamentaron el asesinato del joven agente de la Guardia Estatal, y además de prometer castigo para los responsables, garantizaron que habría todo el apoyo para los deudos.
Posteriormente, el 20 de abril, en una comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, el titular de la SSP reiteró su ofrecimiento. Luego de volver a condenar la muerte del valiente agente estatal, insistió en que habría todo el apoyo para la familia.
Presumió, por ejemplo, de que todo policía tiene, como parte de sus prestaciones, un seguro de vida, cuyo pago recibiría la familia de Cristopher. Aseguró, incluso, que se daría una plaza administrativa a la viuda.
No obstante, a más de dos meses de ocurridos los hechos, muy poco o nada de lo que se ofreció se ha cumplido.
De hecho, los padres de la víctima han sido informados, informalmente, de que no se les pagará el seguro de vida al que tenía derecho Cristopher. El padre fue citado, este martes, ante la Secretaría de Seguridad Pública, para darle una explicación.
Presuntamente, la póliza del seguro de vida no estaba pagada. Se culpa de ello al anterior gobierno, que encabezó el panista, Francisco García Cabeza de Vaca, pero el detalle está en que ese no puede ser un pretexto o argumento para dejar desprotegidos a los agentes de la Guardia Estatal, que al parecer ni siquiera conocen de esa situación.
Sería lamentable, por un lado, que se deje en completa indefensión a la familia de Cristopher. Alguien debe asumir su responsabilidad por las fallas administrativas en que se haya incurrido.
Está de por medio la palabra del secretario de Seguridad Pública, quien públicamente garantizó todo el apoyo para quienes sobreviven al agente caído.
Por supuesto que, la confirmación de que los policías de Tamaulipas trabajan sin seguro de vida sería un escándalo. Ojalá no sea así.
EL RESTO
BUEN EJERCICIO.- Este lunes, en la sede del Congreso del Estado, se realizó el primer parlamento abierto para la implementación de la nueva Ley Ganadera de Tamaulipas.
Fue un buen ejercicio. Representantes de diversas organizaciones de productores, académicos y alcaldes, atendieron la convocatoria de los diputados para hacer planteamientos que refuercen la iniciativa de decreto que dará vida a la nueva ley ganadera.
Ojalá que este tipo de parlamentos se repitan con más frecuencia. Es la mejor forma de garantizar que una reforma o una nueva ley atenderán realmente las necesidades de la sociedad.
Lo mejor es escuchar directamente el sentir de los ciudadanos a quienes va dirigido una nueva ley. Palomita para los diputados.
ASI ANDAN LAS COSAS.
