Rogelio Rodríguez Mendoza
El crecimiento exponencial del uso de motocicletas en Tamaulipas ha traído consigo, como consecuencia preocupante, el aumento alarmante de accidentes, muchos de ellos con desenlaces fatales.
En los últimos años, este fenómeno ha pasado de ser una simple estadística a convertirse en un grave problema de seguridad vial, ante la indiferencia de las autoridades encargadas de regular el tránsito vehicular.
El caso más reciente ocurrió la semana pasada, en el kilómetro 20 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, donde dos jóvenes perdieron la vida de manera brutal al impactar su motocicleta contra una camioneta y un camión. No es un hecho aislado. En ciudades como Ciudad Victoria, se reportan entre dos y tres accidentes diarios en los que se ven involucrados motociclistas, lo que evidencia la magnitud del problema.
Ante esta realidad, el Congreso del Estado ha buscado soluciones mediante reformas a la Ley de Tránsito. La más reciente fue anunciada por el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, quien adelantó que se trabaja en una nueva iniciativa para regular el uso de estos vehículos.
Sin embargo, lo que Tamaulipas necesita no es una legislación más estricta, sino una aplicación efectiva de las normas ya existentes.
El verdadero problema radica en la pasividad de las autoridades viales, que han sido incapaces de hacer valer las disposiciones vigentes. Se trata de una pasividad mortal.
Es común ver motociclistas circulando sin casco, transportando a varias personas en una misma unidad o ignorando las reglas más básicas de tránsito. Todo ello está expresamente prohibido por la ley, pero la omisión de la autoridad ha permitido que esta conducta se normalice. En el peor de los casos, los agentes de tránsito prefieren extorsionar a los conductores en lugar de sancionar las infracciones conforme a derecho.
Se trata de un problema que requiere acciones contundentes. Endurecer la ley es un esfuerzo estéril si no se acompaña de su correcta aplicación. Un motociclista que incumple las normas mínimas de seguridad no solo pone en riesgo su vida, sino también la de los demás.
Por ello, la solución es clara: la autoridad debe aplicar la ley sin concesiones, retirando de circulación a quienes la incumplan. Es preferible ver motociclistas sancionados que verlos perder la vida en el asfalto.
Las autoridades no pueden seguir ignorando la crisis vial que prevalece. La tragedia de cada día en las calles y carreteras del estado es el reflejo de una omisión institucional que, lejos de resolverse con más discursos y reformas, demanda voluntad política y firmeza en la aplicación de la ley.
EL RESTO
QUEJAS EN EL HOSPITAL CIVIL.- En el Hospital Civil, de Ciudad Victoria, nos dicen que la jefa de farmacia, Nora Rodríguez, acumula una enormidad de quejas por los malos tratos a los pacientes, pero sobre todo porque decide la entrega de medicamentos en función de un criterio personal y no en base al derecho que le asiste a los solicitantes.
«Les entrega los medicamentos a las personas que ella quiere y no a quien las necesita y se las recetan», nos dice uno de los quejosos.
Se presume que del hecho no saben en la Secretaría de Salud, pero tendrían que actuar de inmediato antes de que las quejas escalen a otras instancias, o que de pronto los afectados se unan y lleven su denuncia directamente a Palacio de Gobierno.
La farmacia del Hospital Civil asigna medicamentos a los derechohabientes del programa IMSS Bienestar, y de otras instancias gubernamentales que reciben su seguridad social en ese nosocomio.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
