Desde siempre, las mayorías parlamentarias se han excedido al momento de ejercer su supremacía frente a las minorías.
En el Congreso del Estado lo hizo el PRI en varias décadas durante las cuales se mantuvo como el partido hegemónico; lo hizo el PAN durante las escasas legislaturas sobre las que tuvo el mando; como también lo ha venido haciendo Morena.
Al amparo de esa mayoría numérica en las curules, se aprueba lo que sea, sin importar que esté bien o mal. Incluso, si para ello se requiere torcer la ley o la constitución.
Con ello, se demuestra que, la ausencia de contrapesos en las legislaturas conduce a un peligroso ejercicio abusivo del poder. Esa es una realidad inobjetable.
El problema se agrava porque no hay sanciones, o ninguna consecuencia, para los responsables de esos excesos.
El tema viene a la mesa porque, este martes reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), invalidó un decreto legislativo expedido por la anterior legislatura local, en julio del 2023, mediante el cual se reformaron al menos 44 artículos de la ley organizacional del Congreso, para entre otras cosas crear la Junta de Gobierno.
Aquella reforma fue parte de una estrategia de la entonces bancada de Morena, para evitar darle cumplimiento a una sentencia de un tribunal electoral, que le ordenaba entregarle la entonces Junta de Coordinación Política, principal órgano de gobierno del Poder Legislativo, al PAN.
La salida que se le ocurrió a la mayoría legislativa de aquel entonces, fue crear un nuevo órgano de gobierno, al que le adscribieron las facultades y funciones que tenía la Junta de Coordinación Política, dejándole a ésta solo tareas intrascendentes.
Además, como a Morena no le alcanzaban los votos, las reformas fueron aprobadas con mayoría simple (la mitad más uno de los integrantes del Pleno), a pesar de que la ley interna del Congreso exige mayoría calificada (24 votos).
Fue esa votación usada la que provocó que la SCJN revocara, esta semana, el decreto respectivo que creó la Junta de Gobierno.
Sin embargo, ¿de qué sirve ahora la anulación de la creación de la Junta de Gobierno si no hay forma de reparar el daño? El único efecto de la sentencia, será “revivir” la Junta de Coordinación Política. Habrá borrón y cuenta nueva.
Sin embargo, no hay forma de repararle el daño a quienes se vieron afectados directamente.
En eso radica la gravedad de los excesos en el ejercicio del poder por parte de las mayorías parlamentarias, que quedan sin castigo, y ya sabemos que eso propicia que la conducta se sigue repitiendo.
Insisto: no se trata de culpar a algún partido político en particular. Esos excesos siempre han existido por parte de la bancada mayoritaria, sin importar a que, partido pertenezca.
De hecho, fue el PAN quien más abusó con su mayoría parlamentaria. Durante la 63 y 64 Legislatura, los diputados panistas manipularon la constitución y la ley a su antojo y conveniencia, todo para cumplirle sus caprichos al entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca y, sobre todo, “blindarle” a sus más cercanos colaboradores y cuates.
Un blindaje constitucional que todavía sigue protegiendo a varios cabecistas incrustados en algunos órganos autónomos.
Por eso, desde este espacio hemos sido insistentes en la necesidad de que haya un equilibrio en la integración de las legislaturas, de manera que no exista un grupo parlamentario con un superpoder.
Sin embargo, eso solo será posible mediante dos vías: una, que el ciudadano ejerza con responsabilidad e inteligencia el voto, para que no vote por los candidatos de un solo partido; y dos, que se legisle para evitar el “chapulineo” legislativo. Prohibir que un legislador postulado por el PAN, termine en la bancada del PRI, Morena o cualquier otro partido.
Lamentablemente eso está muy lejos de suceder.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
