Rogelio Rodríguez Mendoza
En el sistema jurídico mexicano, (como en el de la mayor parte de los países) existe un principio de supremacía constitucional, que coloca a la Constitución en la cúspide del andamiaje normativo.
En palabras llanas, ese principio establece que la Constitución es la ley suprema, y que ningún otro ordenamiento jurídico puede estar por encima de ella. Por abajo todo, por arriba nada.
En razón de lo anterior, parece inevitable que las recientes reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, aprobada por el Pleno legislativo el pasado martes, tendrán que pasar por el escrutinio del máximo tribunal constitucional.
Dicho en otras palabras, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), quien decida si los diputados locales hicieron lo correcto o se excedieron y violentaron esa supremacía de la Constitución.
Así será porque inevitablemente alguien promoverá una acción de inconstitucionalidad.
En lo personal, me parece que hay aspectos del decreto legislativo que se salvarán, pero hay otros que corren el riesgo de ser anulados por la Corte.
Por ejemplo, esa exigencia de que los nuevos parlamentarios electos acudan a gestionar una credencial de identificación tres días antes de la sesión donde rendirán protesta, es una medida entendible y justificada, porque con ello habrá certeza de que quien está asumiendo el cargo sea realmente el titular de ese derecho.
Sin embargo, luce frágil la disposición que quedó establecida en el artículo ocho de la ley, donde se faculta a las autoridades a ejecutar mandamientos judiciales y administrativos dentro del edificio sede del Congreso porque compromete la autonomía del Poder Legislativo.
Igualmente queda sostenida con alfileres la posibilidad que ahora contempla la ley, de suspender su condición de diputada o diputada, a quienes se encuentren en diversos supuestos previstos en el artículo 38 de la constitución federal.
Es el caso, por ejemplo, de quienes estén sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal; o por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
Veremos que dicen los ministros al respecto.
EL RESTO
PARA ATRÁS.- Por cierto, de último minuto los promoventes de las reformas a la ley organizacional del Congreso, suprimieron la parte que dejaba sin fuero constitucional a los nuevos diputados y diputadas que hubieran cometido un delito antes de rendir protesta en el cargo.
Seguramente se dieron cuenta de que era un exceso contravenir de esa forma las disposiciones constitucionales, tanto federales como estatales, en materia de inmunidad procesal para los legisladores.
Qué bueno que se dio reversa a esa parte de las modificaciones a la ley. No hubiera resistido una impugnación.
SIN CALIDAD MORAL.- Lo que si resulta claro es que, el panista, Ismael García Cabeza de Vaca, no tiene calidad moral para quejarse, amargamente como lo hace, de estar siendo víctima de una persecución política.
No la tiene porque el sello que caracterizó a la administración estatal que encabezó su hermano, Francisco, fue precisamente ese: el de la persecución contra sus adversarios. Hasta el último momento el gobierno panista usó las instituciones para intimidar o chantajear a sus enemigos políticos.
Por otra parte, hasta donde se sabe, la orden (u órdenes) de aprehensión que enfrenta el diputado electo del PAN, son del fuero federal, por lo que el Estado nada tiene que ver.
Como quiera que sea, la gran incógnita sigue siendo si el exsenador acudirá a rendir protesta el 30 de septiembre como integrante de la 66 Legislatura local, y con ello adquirir el ansiado fuero constitucional que lo proteja precisamente de los mandamientos judiciales en su contra.
Nos dicen que el legislador está gestionando el amparo de la justicia federal, para llegar blindado a la toma de protesta.
La pregunta es: ¿Se lo concederán?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
