Porque lo más importante siempre es las seguridad, tranquilidad y bienestar de los tamaulipecos, la carretera “Juan Capitán-El Chihue”, conocida como la “Rumbo Nuevo, finalmente será de cuota.
Aunque la determinación no se ha oficializado, se entiende, o es la lectura que deja el acuerdo con indemnización que se logró con los ejidatarios de las comunidades que fueron afectadas en sus tierras con el paso de esta importante vía de comunicación.
En medio de la vorágine del proceso electoral, la indemnización de los residentes de esas comunidades que recurrieron al cierre de la carretera para poder ser escuchados, pasó desapercibida para los tamaulipecos.
Sin lugar a dudas que es histórico el logro de este gobierno, pues pasaron por lo menos tres décadas de lucha de los ejidatarios para lograr el pago de la expropiación.
Y queda claro la buena relación que existe entre el estado y la federación para lograr bajar los recursos, porque, aunque no se reveló el monto que alcanzó cada uno de los afectados, se presume que la suma en total es millonaria, y obvio no salió del erario estatal.
Así que solo será cuestión de tiempo para que se retome el tema de la privatización de esta carretera, porque, aunque se asegure que solo se trata de una concesión, en términos prácticos, es lo mismo. Será administrada por particular por un término de 30 años.
Obvio que no se cuestiona la determinación, pero partiendo del argumento, que es la falta de recursos y el estado que guarda la referida rúa, la presunción es que, la estrategia podría extenderse a otras carreteras que también se encuentran en malas condiciones por la falta de mantenimiento, que la verdad, siendo honestos, se tendría que decir que todas fueron olvidadas por la anterior administración estatal.
Ahora sí que como dice el dicho: “palo dado, ni Dios lo quita”, pero en este caso, hay quienes aseguran que hay que agradecerlo, porque es por el bien de todos…
LA ÚLTIMA
“Si no hay denuncia, no hay delito”, fue la frase del vocero de seguridad pública del estado Jorge Cuellar Montoya al ser cuestionado sobre los índices delictivos que registra la entidad, y de alguna manera tiene razón, sin embargo, no debería cerrar los ojos a la realidad que se plasma en día a día en las denuncias públicas.
En todo caso, el funcionario estatal deber preguntarse ¿Qué sucede?, ¿Por qué las denuncias registradas no son significativas? ¿Por qué los afectados no acuden ante la autoridad?
Eso sería importante establecerlo, porque podrían ser varios factores, como falta de confianza en la autoridad, una tramitología muy burocrática, o simplemente apatía.
De tal manera que, al establecer las causas de falta de denuncia, se puede implementar políticas públicas, no solamente para disminuir el índice del delito de robo en todas sus modalidades, sino también, para incentivar la cultura de la denuncia, partiendo de la confianza en la autoridad.
No se puede ir por la función pública, con el argumento de que, si no hay denuncia, no hay delito… porque si de argumentos se trata también pueden agregar que solo perderán el tiempo, no van a recuperar nada, o al rato lo van a solar.
