Felipe Martínez Chávez.-
Por fin cayó el primer pez gordo, Enrique Rivas Cuéllar, ex alcalde de Nuevo Laredo. Tiene un pie en el penal ¿quién sigue?
Fue uno de los “dedos chiquitos” de Francisco Javier García, quien lo hizo dos veces alcalde e intentó darle inmunidad como diputado, pero mordió el polvo en las urnas.
Vinculado a proceso, no podrá salir del país y debe ir a firmar al juzgado cada 30 días.
Sin embargo, el cuello de botella para enjuiciar a los delincuentes del pasado sigue en el Poder Judicial: El juez le fijó una risible fianza de cien mil pesos, cuando el presunto daño patrimonial al erario fue superior a los 60 millones de pesos.
Rivas salió del Juzgado bailado en una pata. Enfrentará el proceso en libertad ¿por qué no lo vincularon por peculado?. Es un delito que amerita prisión preventiva, según el Código Penal de Tamaulipas.
El artículo 22 dice que “se calificarán como delitos graves. El peculado cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente excedan de mil veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización”.
A 2023 cada UMA tiene un valor de 103.74 pesos que, si lo multiplicamos por mil, nos da 103,740 pesillos, cifra por la cual debió haber sido detenido de inmediato.
¿Qué pena alcanza? El mismo Código menciona que cuando el daño patrimonial sea mayor a las tres mil UMAS, los responsables deben pagar con cárcel de entre seis a 14 años, más una multa.
A “ojo de buen cubero” el ex presidente fue beneficiado por el Poder Judicial por ser uno de los “carnales” del panismo.
Si el daño al erario fue tazado en 63 millones de pesos (más o menos), compra de once hectáreas cuyos precios inflaron, debería estar tras las rejas.
Junto con él van enjuiciados, según la Comisión de la Verdad y Anticorrupción del Ayuntamiento neolaredense, los ex síndicos Dorina Lozano y Santiago Sáenz por haber avalado la irregularidad, además de los particulares Rafael Pedraza Domínguez y José Luis Palos Morales.
La primera parte del proceso no convence. Fueron denunciados por peculado, lavado de dinero, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito de atribuciones y lavado de dinero. Le abrieron un “boquete” al presupuesto municipal.
Por lo menos están sentados en el banquillo. Pidieron amparo, pero se los negó el Juzgado Tercero de Distrito.
¿A quién atribuirle el comienzo de aplicar la justicia? Para empezar a la ex regidora priista Mónica García Velázquez, ex presidenta municipal y diputada federal, al denunciar públicamente y desde las maniobras para saquear el presupuesto.
En segundo lugar a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, al designar una Comisión de la Verdad que diera seguimiento a las pillerías azules.
Por cierto, según las declaraciones que hizo a la prensa, Rivas rompió relaciones con su antiguo patrón refugiado en el lado “gringo”.
Mencionó el indiciado que acudirá a dar la cara las veces que se lo pidan las autoridades, sin amparos (no dijo que se lo negaron).
Lo que agregó fueron palabras que parecen con dedicatoria:
-No voy a salir corriendo ni voy a solicitar amparos desde el extranjero. Voy a estar presente aquí para, de manera legal, frontal, con valentía, responder a los cuestionamientos que se nos hagan.
Quienes lo escucharon, dirigieron su mirada hacia Francisco Javier, mismo que echó en corrida antes de culminar el sexenio y, desde los Estados Unidos, mueve a sus abogados y solicita amparos.
Si “se rompieron las medias”, como dice la voz popular, caben posibilidades de traición. Si “suelta la sopa” podría recibir beneficios en la condena, o convertirse en “testigo protegido” ¿será?.
No queremos imaginar que el producto del peculado fue a parar a las cuentas de Ismael para hacer la campaña por la gubernatura. Rivas sabe muy bien a dónde fue a parar esa lana y otras partidas.
Sigue sin convencer el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, de que está haciendo su chamba. La sospecha mayor recae en el jefe del Poder Judicial, David Cerda Zúñiga. No puede lavar su cara a pesar de que lo intenta.
Cambiando, mire que la encuestadora Mitofsky publicó su evaluación de marzo a la confianza al desempeño del presidente López Obrador, y sorprende que en Tamaulipas anda muy alta, del 64.3 por ciento.
Solo en cuatro estados la aprobación presidencial anda más abajo que la de los gobernadores (panistas). Es así que, para el 2024, se pronostica que los azules ganarán en los estados de Aguascalientes, Yucatán, Querétaro y Guanajuato.
El resto de las entidades, contienda por la Presidencia, senadurías y diputaciones federales, además de las concurrentes locales, podrían estar aseguradas para el partido de López Obrador.
