Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Jaime Echartea Mojica asumió, esta semana, el mando de los penales de Tamaulipas.
Un discreto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer el hecho.
Nada se dice de su trayectoria o antecedentes en la función pública, pero el adelanto tecnológico permite que un simple “click” revele, en segundos, todo el historial.
Así, podemos saber que, en el centro del país lo consideran “pupilo” de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos en espera de sentencia.
Hasta hace pocos años, en el 2019, fue director general de prevención y reinserción social en el Estado de México, con un desempeño bastante cuestionado.
El punto es que Echartea ya está a cargo de los reclusorios de Tamaulipas. Estará bajo el mando de Arnulfo Caballero, un subsecretario que no es bien visto por los cientos de burócratas que trabajan para la Secretaría de Seguridad Publica por el maltrato a que los somete.
Esperemos que esa experiencia, aunque cuestionada, que tiene en el ámbito penitenciario sea suficiente para meter orden a los reclusorios de Tamaulipas, que durante muchos años han sido reprobados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De hecho, las cárceles de Tamaulipas han sido calificadas como las peores del país. La CNDH ha denunciado que en ellas persisten los autogobiernos, las extorsiones, la tortura y otra serie de conductas delictivas que impiden la reinserción social de quienes purgar una condena.
Peor aún, propicia que quienes ingresan por delitos menores terminen “graduados” como delincuentes de “alta escuela”.
Por supuesto que todo eso origina violencia en las prisiones. La cárcel de Ciudad Victoria da muestras recurrentes de esa violencia.
No se necesita ser un experto para encontrar la causa del desastre penitenciario de Tamaulipas: todo se debe a la apatía y el desdén mostrados por los últimos gobiernos para inyectarle a los penales los recursos presupuestales que se necesitan para lograr lo fines de la pena de prisión, que son la reinserción social y la prevención del delito, entre otros.
Las administraciones estatales han regateado el presupuesto para contratar suficientes custodios; para cumplir con la exigencia de ley de separar a procesados de sentenciados; para dar alimentos dignos a la población penitenciara; para garantizar los servicios de salud y educación, entre otros. Todo ello, en conjunto, ha originado el desastre en que se encuentran los reclusorios.
La conclusión, entonces, es que si continúa esa ausencia de voluntad gubernamental, las prisiones seguirán siendo las escuelas del crimen que siempre han sido. Ojalá no sea así.
Por lo pronto, ya es ventaja que al menos haya un director de penales, porque durante el gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca fue un área acéfala. Nadie quería esa oficina por los graves riesgos que implicaba. Sin exagerar, aceptar el nombramiento era casi como un suicidio.
EL RESTO
Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada este martes, el diputado panista Félix Fernando García Aguiar solicitó un minuto de silencio “por el lamentable homicidio de una familia a manos de elementos de la Guardia Nacional, en Nuevo Laredo”.
Aunque el gesto fue en apariencia de solidaridad con los deudos de las víctimas, en realidad lo que el legislador quiso fue “golpear” mediáticamente al Gobierno federal. De mal gusto que sigan medrando con el dolor humano.
ASI ANDAN LAS COSAS
