José Inés Figueroa Vitela
Era costumbre del ex, hablar personalmente para amenazar y someter a los adversarios políticos, cuando de ganar espacios de impunidad se trataba.
Otras veces les mandó a hogares y oficinas, delincuentes a desvalijar, amenazar, causar destrozos, velar amagos, o puso a sus bots a desprestigiar y ponerlos en condición de riesgo de muerte a través de las redes sociales.
Así fue como, en su tiempo, se apoderó de las instancias jurisdiccionales, desde el entramado electoral, hasta el Tribunal Superior, pasando por el mismo congreso y sus comisiones operativas, entre otros liderazgos de opinión.
Algunos y algunas, luego con algún dulcito, hasta le lamieron la mano y lanzaron sus desprecios, aún a aquellos que fueron los únicos que les tendieron la mano, o elevaron el reclamo, a riesgo propio, exhibiendo su pobre calidad humana.
Con su pan se la seguirán comiendo, ya no por mucho tiempo.
Se decía, que las reses de entonces, serían los carniceros del mañana y el mañana llegó; todavía hay fiambres tendidos al sol, pero algunos de quienes temblaron, pasaron desvelos, días de terror y opresión, empiezan a pasarle las facturas a los carniceros de ayer.
El entramado de corrupción e impunidad que dejó sembrado el exgobernador, empieza a derrumbarse inexorablemente y al final de la jornada, se antoja inminente el sometimiento a buen resguardo del patrón del mal y sus acólitos siniestros.
Los hechos de la última semana no han sido menores.
Primero, se mostró al Fiscal Anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, tal cual, con todas sus miserias, delitos y complicidades confesas, no para finalmente correrlo, como ha estado evitando en base a amparos del juez federal, cómplice de la mafia del poder doméstico.
Consignarlo y encarcelarlo es lo procedente, con los delitos que ya se le configuraron, sin detrimento de los tantos más que merecen penas mayores y más temprano que tarde han de judicializarse.
Luego de aquello, la confesión de uno de los integrantes del grupo paramilitar Gopes, formado por FRANCISCO JAVIER “N”, confirmó que en efecto, la masacre de migrantes en Camargo, fue un crimen del estado, en el que se ejercieron todas las atrocidades habidas y por haber.
Igual amerita otro juicio contra el torbo exgobernador, cuyas iniquidades no tuvieron límites.
Finalmente, el Auditor parlanchín, no pudo envolver con sus juegos de palabras, baladronadas y mentiras, a los diputados locales de la Comisión de Vigilancia, que lo evidenciaron en su ignorancia, ineficacia y complicidades.
Tras tres días de requerimientos, no pudo justificar la forma como en unas semanas, calificó e hizo que se aprobaran las cuentas públicas de la mayor parte del último año de ejercicio de su patrón, el exgobernador y las entidades, reducto del mayor saqueo durante el pasado sexenio.
No entregó los expedientes de la revisión fiscal, porque de existir, ahí se encuentran las pruebas del desaseado manejo gubernamental durante el pasado sexenio, encontrado en las primeras de cambio, con el arribo de la 4T a Tamaulipas.
Al final se sacó de la manga una justificación muy elaborada, aludiendo a apartados de la legislación vigente, con manejo tergiversado, aplicando escenarios distintos a los que se estaban viendo en el oficio legislativo.
Aludió a la secrecía que mandata la ley, como depositario de información sensible, cuando se le requerían los documentos de la revisión a las cuentas públicas y la alusión jurídica, es a los informes personales, presentados por otras instancias, en la práctica de auditorías.
“Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable”, dice la Ley de las facultades del Auditor.
Habló de plazos para atender requerimientos de información, para rechazar la exigencia de los diputados, cuando aquellos preceptos aplican en el curso de un juicio, que no era el caso de la reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia.
Como tampoco se trataba de una competencia, que también alude a los términos aquellos.
Por tercer día consecutivo, el Auditor Superior se negó a entregar las últimas cuentas públicas que le aprobó al exgobernador y compinches y la diputada Presidenta, ÚRSULA SALAZAR, como parte de la comisión de vigilancia, le repasó las faltas en las que incurre, jurídicas, políticas y sociales.
No se violenta el 76 constitucional, con el requerimiento que se le ha hecho, porque no se trata de una comparecencia, sino de una reunión de trabajo en la que no aplican los plazos reclamados y si pretende negar el 58, que faculta a los diputados comisionados, a coordinar y evaluar el desempeño de la Audiroría, respetando su autonomía técnica y de gestión, que se mantienen intocadas.
Muy puntual, la diputada advirtió que el Auditor Superior ha estado actuando con rebeldía ante la representación popular, lo que ameritaría la aplicación de acciones legales, disciplinarias, por el manifiesto desacato de su parte.
Se le están solicitando los expedientes -le recordó- para evaluar el desempeño de la dependencia a su cargo y resulta inexplicable porque se ha resistido a hacer esa operación tan simple de llevar las cajas con al documentación de las cuentas al Congreso.
“Su conducta configura faltas graves a sus obligaciones; obstaculiza las facultades del congreso. Puede ser motivo de atentado a las instancias democráticas del estado, a la función principal papal del parlamento que es fiscalizar”, le dijo.
Luego otros integrantes de la Comisión su sumaron a la petición para que este viernes, no solo lleve las cuentas públicas requeridas, sino además actualice su currículum; parece que también mintió en las cuatro maestrías sobre contabilidad y administración pública que, aseguró el primer día de estas reuniones de trabajo, ha cursado, además de la carrera de ingeniero mecánico electricista, por la que se reformó la ley para poder nombrarlo Auditor en el pasado sexenio.
Hablando de leyes, que él asegura conocer y con las que amaga a quien se le pone enfrente, descalificando la supuesta ignorancia ajena, Don JORGE ESPINO ASCANIO ya debería estar macheteando los apartados que precisan los motivos por los que puede ser echado del cargo y presentado ante las autoridades ministeriales.
Reza el artículo 93 de la Ley de Fiscalización que “El Auditor podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas:
- Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia -ya no volvieron pero los panistas en el inicio de los trabajos trataron de impedir que se cuestionara al Auditor-; conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de las Cuentas Públicas -como deja ver en la negativa a entregar las cuentas del pasado sexenio- y en los procedimientos de fiscalización e imposición de multas a que se refiere esta ley -sobradamente demostrado en la inacción durante todo el pasado sexenio.
“Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas graves, en los términos de la Ley de Responsabilidades, así como la inobservancia de lo previsto en el artículo 3 de la presente ley”, complementa la fracción quinta.
Luego entonces ¿quién es el ignorante de la ley, vendido, cómplice?
La lengua larga se educa y la cola larga se esconde.
