“Esto es oro molido”, dijo emocionado, desde la tribuna legislativa, el diputado de Morena y presidente de la comisión de Salud del Congreso del Estado, Víctor García Fuentes, luego de que el Pleno aprobó una reforma a la Ley de Tránsito de Tamaulipas para reducir el porcentaje de alcohol permitido al conducir.
El nuevo artículo 19 Ter establece que queda prohibido manejar con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre. En el caso de motociclistas, el umbral baja a 0.1 mg/L o 0.02 g/dL, y para choferes del transporte público y menores de edad, la tolerancia es cero.
Con dicha reforma, los diputados pretenden inhibir o intimidar a los conductores ebrios. Esos que convierten sus vehículos en cantinas ambulantes y muchas veces terminan truncando vidas inocentes en accidentes automovilísticos.
García Fuentes se vio convencido, casi eufórico, al celebrar la medida. “Hoy estamos haciendo historia porque estamos contribuyendo a salvar muchas vidas”, dijo con solemnidad.
Pero detrás de esa declaración hay una ingenuidad peligrosa: creer que reformando leyes automáticamente se transforma la realidad. Creer que, al ajustar unos números en el papel, la ciudadanía va a modificar de inmediato su comportamiento.
No es nuevo. Es una lógica repetida hasta el hartazgo en todos los Congresos del país. Diputadas y diputados que suponen que el delito retrocede al compás de sus votaciones.
Como si los criminales, los agresores, los irresponsables tras un volante o los corruptos de escritorio se detuvieran un segundo a leer el Periódico Oficial del Estado.
La reforma, en teoría, es impecable. Como lo han sido muchas otras. Pero ninguna ley —por estricta que sea— tiene utilidad si no hay quien la haga valer. Y en Tamaulipas lo que escasea no son leyes, sino Estado.
Mientras la autoridad no sancione con rigor, con constancia y con decencia, de nada sirve tener el código más avanzado del planeta.
Ahí está la paradoja: el país más violento del continente es también el que más reformas legales aprueba cada año. Y eso no ha salvado una sola vida.
En Tamaulipas, según cifras oficiales, mueren en promedio 50 personas cada mes en accidentes viales. Muchas de esas muertes son provocadas por el alcohol. Pero también por la impunidad.
Porque, seamos honestos, ¿cuántos retenes de alcoholimetría hay en Ciudad Victoria, en Reynosa, en Matamoros? ¿Cuántos borrachos al volante acaban realmente en prisión?
La ley se vuelve ornamento cuando no hay voluntad de aplicarla. Se vuelve coartada política. Un maquillaje para la inacción.
Y lo más preocupante es que, en ese espejismo legislativo, muchos diputados construyen su discurso de éxito. Se autocelebran como salvadores de la patria, mientras en las calles los problemas se pudren.
El Congreso debería asumir otra tarea: vigilar, auditar, denunciar la ineficiencia de las instituciones encargadas de aplicar esas leyes que tanto reforman.
La ley no es magia. Ni tinta sagrada. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, sólo sirve en manos de quien sabe usarla y quiere usarla.
Por eso, mientras en Tamaulipas no exista una verdadera política de cumplimiento normativo, cualquier reforma es apenas eso: papel.
Y el papel, ya lo sabemos, no detiene balas… ni frena autos a exceso de velocidad.
ASÍ ANDAN LAS COSAS
