José Inés Figueroa Vitela.-
Los diputados locales se cuidaron mucho en no abundar sobre el saldo de la comparecencia del fiscal especializado en Combate a la Corrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.
El manto tendido por el Juez Federal cabecista de Reynosa, para que no se le moleste ni con el pétalo de una sospecha, remitió así al diputado promotor, como a la presidenta, ÚRSULA PATRICIA SALAZAR, a decir solo “es como ustedes lo vieron y escucharon”.
Y sí, lo que podría resultar escandaloso en otro espacio y tiempo, el cinismo de un funcionario frente a la soberanía popular del Congreso, pareció, para muchos, haber alcanzado su certificado de residencia.
No obstante, las declaraciones del anodino Fiscal Anticorrupción fueron una irrefutable confesión de parte sobre variados delitos que resultan intolerables en la figura institucional que representa.
Con una expresión burlona en el rostro, a preguntas expresas, RAMÍREZ CASTAÑEDA reconoció a los diputados locales, que su hijo y su cuñado fueron contratados en las dependencias por las que él pasó en el sexenio pasado y en este, en el que ha propuesto a dos de quienes eran jefes de aquellos para que ocupen cargos en la misma Fiscalía Anticorrupción a su cargo.
Más aún, declaró haber contratado en el servicio público a una empleada de su despacho privado, que ha mantenido operando mientras ha titulado, antes, la Unidad de Inteligencia Financiera y después, la Fiscalía de marras, desde el pasado sexenio y hasta nuestros días.
Eso, de menos, configura el delito de tráfico de influencias y es otro motivo para que el sujeto no solo sea dado de baja de la Fiscalía, sino que además debe ser consignado a las autoridades competentes.
Ello, independientemente de que de su exposición ante el cuerpo legislativo se desprende el incumplimiento de sus funciones, con un muy bajo y a ratos nulo rendimiento.
Especialmente tratándose de las denuncias contra el exgobernador y cómplices, que saquearon el presupuesto y usaron el andamiaje jurisdiccional para vendettas políticas y despojo de particulares, en lo que igual está complicado.
Ahora sí, dice RAMÍREZ CASTAÑEDA, el viernes próximo va a terminar las investigaciones, para la semana entrante solicitarle al juez le dé una cita para empezar a judicial las denuncias recibidas.
Mismas que desde diciembre pasado empezaron a presentar las autoridades del nuevo gobierno, sobre los hallazgos encontrados, presuntos delitos, cometidos desde el poder público en el pasado sexenio.
¿Y por qué el próximo viernes?
¿Por qué no se hizo antes, o se hace ahora, si tiene esa capacidad de determinar en qué momento concluirá sus pesquisas?
La burla de que ocho, de los nueve agentes del Ministerio Público, que tenía al iniciar su gestión, hace menos de dos años, renunciaron “porque con los 25 mil pesos que les pagan por mes no se iban a echar 40 enemigos encima”, no le causa gracia a nadie y es otra confesión de parte, sobre los criterios con que actúa.
Igual como lo fue el dicho de que a los exjefes de sus parientes no los podrá meter de nuevo como funcionarios, porque reprobaron los exámenes de control y confianza.
¿Y en su caso que también los reprobó?
Como la afirmación de que va a permanecer en el cargo por largo tiempo, porque los diputados no van a poder cesarlo de funciones, por reprobar el examen de control y confianza, ni por algún otro delito que se le encuentre, si no es del tipo grave considerado por la ley.
¿Entonces trae un catálogo de delitos que sí puede cometer para hacerlo?
La máxima universal del derecho, reza que “a confesión de parte, relevo de pruebas” y RAMÍREZ CASTAÑEDA ya confesó en el Congreso algunos de los muchos delitos que ha cometido.
¡¿Yyyy?!
Los diputados solo dijeron que seguirán haciendo su trabajo desde la representación popular.
Esperemos que esos oficios alcancen para de una vez por todas empezar a hacerle justicia a los tamaulipecos.
La justicia, que han negado las instancias jurisdiccionales y deben empezar por sancionar a este tipo de funcionarios, convertidos en el muro de la impunidad, atrás de la cual se siguen protegiendo el exgobernador y su pandilla.
En muestra de que cuando quieren pueden, y de que sí tienen madre –algunos terrena y otros celestial-, los diputados locales ayer pudieron ponerse de acuerdo en otros temas, durante la sesión plenaria en que votaron por unanimidad la mayoría de los dictámenes.
Entre ellos, dos minutas de reforma constitucional enviadas por el Congreso de la Unión, para reducir la edad mínima para ocupar un cargo público y entre los requisitos para ello, suspender de derechos a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia contra la mujer y la familia.
