Viernes, 29 de marzo. 17:30 horas. De la nada, agentes de la Guardia Nacional montaron un improvisado retén sobre el carril de norte a sur de la carretera Victoria- Matamoros, adelante de la cabecera de Padilla.
Mientras un escuálido oficial comenzó a detener el tráfico vehicular, otro se dio prisa en colocar los conos naranja de señalización.
El objetivo era solo uno: interceptar vehículos “chocolates” ingresados de contrabando al país, para extorsionar a los conductores.
“Aquel no. Solo va a tirar una mi…”, gritó a uno de sus compañeros el flaco oficial, para alertarlo de que ya había “arreglado” al conductor del primer “chocolate” que había cruzado, quien se había detenido unos 100 metros adelante para hacer una necesidad fisiológica.
Para entonces, sin embargo, ya estaban orillados sobre la cinta asfáltica al menos tres vehículos de similares características. Con cada conductor había un oficial negociando el libre paso.
Esa es la corporación que tanto nos presume el gobierno federal. La que se nos asegura está libre de corrupción y es mucho mejor que la desaparecida Policía Federal.
En los hechos, los datos son otros. Desde que se fue la Policía Federal y llegó la Guardia Nacional, la incidencia de accidentes en las carreteras ha crecido de forma alarmante.
Los agentes de la Guardia Nacional andan en todo menos en lo suyo.
ESTABAMOS MEJOR.- Las quejas de justiciables y litigantes por los vicios que imperan en el sistema de procuración de justicia no cesan.
A pesar de que, durante su más reciente informe anual de trabajo, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, presumió altos porcentajes de confianza por parte de los ciudadanos que acuden ante las agencias del Ministerio Público a denunciar un delito, la realidad cotidiana es muy distinta.
Formalizar una denuncia sigue siendo un martirio. Hay quienes tardan hasta tres horas para hacerlo.
Eso explica el alto grado de desconfianza social y por qué cada vez son más las personas que prefieren no denunciar un delito.
La prepotencia y el maltrato hacia el justiciable son cotidianos. Pareciera que los agentes del Ministerio Público le hacen un favor al ciudadano que acude ante ellos.
Lo peor de todo es que el rezago de carpetas de investigación es enorme, lo que significa plazos de meses o años para que la víctima de un delito pueda obtener justicia.
Como diría el clásico: estábamos mejor cuando estábamos peor.
PRETEXTO PERFECTO.- Tal vez sin querer queriendo, Morena y sus aliados encontraron el pretexto perfecto para sacudirse a Carlos, “Makito”, Peña Ortiz, el alcalde de Reynosa, cuya madre, Maki Ortiz, se encaprichó en que se le diera la oportunidad de competir por la reelección.
Este fin de semana, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal avaló la resolución de un Juez local de San Fernando, de suspenderle a Peña Ortiz sus derechos políticos debido al proceso penal en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En términos llanos, lo que el juzgador local resolvió, y lo que la Sala Regional avaló, es que “Makito”, no puede ser candidato a la alcaldía.
Todavía está por saber lo que dice la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, pero parece que la suerte de Peña está echada: su carrera política está terminada y deberá enfocarse en enfrentar el proceso penal en su contra.
Obviamente que en Morena deben estarse frotando las manos porque, en realidad la candidatura de Peña la entregaron por presiones que la madre ejerció en los mandos nacionales del partido y no porque fuera garantía de triunfo.
Como consecuencia, ahora la gran incógnita es saber quién será el candidato a la alcaldía del municipio fronterizo.
Como apunte aparte hay que decir que, la caída del “Makito” es una victoria del cabecismo. Es un secreto público que atrás del proceso penal que se le instruyó esta la mano del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. Ni más ni menos.
Lo cual, sin embargo, no deja de ser una paradoja, porque el más beneficiado fue el morenismo.
ASÍ ANDAN LAS COSAS