Alfredo Guevara
Todo parece indicar que el proceso de regularización de autos usados de procedencia extranjera, terminará el 31 de marzo.
Hasta hoy, no habrá nueva ampliación al decreto y desde el uno de abril podría iniciar el decomiso de los que no lograran regularizar su estancia ilegal.
Al menos así lo dejó entrever FERNANDO BEDEL TISCAREÑO LUJÁN, secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, no ventiló a la opinión pública ¿quiénes serán los ejecutores del decomiso? ¿El Servicio de Administración Tributaria?, ¿Dónde se concentraría la elevada cantidad de autos y camionetas que no se regularicen?, entre otras.
Para el funcionario federal, es fácil encender la mecha y no esperar lo que pueda explotar, sobre todo, sabiéndose que es un año electoral, en el que una medida de esa naturaleza, puede tener un costo político.
Un eventual decomiso amenaza desde hace tiempo, pero pocas veces se ha hecho, por intervención de organizaciones dedicadas a enlistar unidades de procedencia norteamericana, para gestionar su regularización.
Sin embargo, ya no está en la Onappafa, la UCD y otras organizaciones, iniciadoras de un proceso de regularización.
Quizá BEDEL no está enterado de la gran cantidad de vehículos que circulan en municipios como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, donde con todo y regularización, hay cientos que mantienen las placas texanas.
Más sensible con el tema fue el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien destacó las bondades del programa de regularización que autorizó el presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
A Tamaulipas le ha dejado ese programa una recaudación superior a los 900 millones de pesos que se han utilizado para mejorar las condiciones de las calles en varios municipios.
Aparte de ello, se tiene certeza de quiénes son los propietarios de esos vehículos.
Es cierto que un problema social se resuelve con políticas públicas y sentido humanista, como ha sido la regularización de unidades americanas.
Sin embargo, en el gobernador VILLARREAL ANAYA no se observa una medida que atente contra lo que forma parte del patrimonio familiar de las personas y, por lo tanto, habrá que implementar otras acciones.
Siempre ha sido un tema difícil, que generó un problema social, y que, si bien fue producto de la misma necesidad de la gente, hoy se ha convertido en un verdadero negocio para muchos. En fin.
