Desde uno de los barrios populares de “la flor consentida”, fraccionamiento Luis Quintero, el gobernador Américo Villarreal arrancó ambicioso proyecto de rehabilitar pavimentos de la antigua Villa de Aguayo.
Es el “Programa de Bacheo” con el que quiere recuperar la grandeza de “nuestra querida Ciudad Victoria”, abandonada a su suerte por las últimas administraciones.
Como líder y jefe político, al frente de un gobierno humanista, cumple con sus compromisos.
No es cualquier cosa: En una primera etapa trabajarán 28,500 metros cuadrados de arterias en 30 colonias, una de las demandas más sentidas de los victorenses. Se utilizarán dos mil, 100 metros cúbicos de mezcla asfáltica que personalmente gestionó ante Petróleos Mexicanos.
En ese sector que lleva el nombre del fallecido ex dirigente cetemista Luis Quintero Guzmán, Américo presidió los tradicionales honores a la Bandera, de los lunes, para trasmitir la buena nueva a los vecinos.
Comenzó el año pisando fuerte. Entregó apoyos a escuelas e instituciones que consolidan al Estado como pionero en iniciativas como Diverticómputo y Tablioloca, plataformas que enseñan a los estudiantes a manejar computadoras y desarrollar habilidades matemáticas.
Otra meta cumplida para el gobierno americanista. Después de un largo proceso, el primer día de la semana se publicó en el Periódico Oficial la lista final de quienes serán candidatos a la renovación del Poder Judicial. Tamaulipas es la primera entidad que lo logra.
Avanza la democratización del Supremo Tribunal de Justicia. El siguiente paso es entregar la lista al Congreso, que este la haga llegar al Ietam, organice campañas y la elección el uno de junio.
A pesar de cientos de abogados que levantaron la mano, las etapas se llevaron en santa paz y con un mínimo de recursos ante los árbitros.
Al contrario, extrañó que un abogado elevara inconformidad ante la Sala Superior el Trife, por haber sido incluido en la lista de candidatos a jueces “sin mi consentimiento”. Debe ser demasiado honesto.
Por si el nombre de José Guadalupe de la Cruz Bocanegra no le dice nada, hemos de decir que, como juez en esta Capital, liberó en 2021 al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, preso político del cabecismo.
Geño había sido detenido el seis de octubre de 2017 acusado de presuntos delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez local le dictó auto de libertad absoluta por falta de pruebas.
Pues bien, según el expediente SUP-JDC-573/20225, el abogado demandó al comité de selección del Poder Judicial por haberlo incluido en la lista como precandidato a Juez de Primera Instancia en El Mante, Antiguo y Nuevo Morelos. Surrealista de a tiro.
Debe tener lo suyo. En 2022 las barras de abogados lo propusieron, junto con José Alfredo Reyes Maldonado, Cecilio Gatica y Rodolfo Compeán Izaguirre, para ocupar el sillón que dejó el expresidente del STJ del cabecismo, Horacio Ortiz Renán.
Quedó en propuesta porque es una posición que corresponde al ejecutivo del estado y no al foro de abogados. Américo Villarreal negó ratificar a Ortiz por “pérdida de confianza”. Fue el autor de persecuciones judiciales en contra de morenistas.
Otra que sigue al filo de la navaja es Maki Ortiz Domínguez, senadora por el Verde Ecologista. Demandó al Trife quitarle la multa de más de diez mil pesillos que le impuso la Sala Regional Especializada por “vulneración de las reglas de propaganda electoral, beneficio indebido, coacción al voto y vulneración al principio de imparcialidad y equidad”.
Por tantas faltas ¿delitos? Se nos hace que la multa es muy poca. La Sala Superior decidirá si la quita del Catálogo de Sujetos y Sujetas Sancionadas o le ratifica la pena.
Tema aparte, debe ser por el ritmo intenso de trabajo que traen, que los diputados de la 66 Legislatura no han convocado para darle “velocidad” a la panista Rosalba Ivette Robinson Terán como comisionada del elefante blanco llamado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
Los cinco añitos con que la becaron sus amigos panistas se le venció el 22 de enero del presente, por lo que debe ser sustituida.
Bueno, a menos que Humberto Prieto Herrera y la bancada guinda, tengan preparado guayín completo: La desaparición del armatoste en cumplimiento a decreto federal.
A la salida de Humberto Rangel Vallejo, exdiputado local premiado con el Instituto por “servicios prestados” al panismo, Robinson tomó la gerencia. Ya debería haberse retirado.
En el paquete completo, las funciones de derecho a la información serán tomadas por la contraloría del Estado y órganos internos de los otros dos poderes.
Otro que debe preparar maletas con tiempo es el Fiscal “carnal” Irving Barrios Mojica. Fue nombrado por siete años el 15 de diciembre del 2018, cuando ya tenía dos años como Procurador designado por Francisco Cabeza de Vaca.
Puede irse antes si, como anunció, la presidenta Claudia Sheinbaum envía iniciativa al Congreso para rediseñar las fiscalías locales. De lo contrario, nuestros diputados deben convocar a candidatos.
