Alfredo Guevara
El proceso de regularización de autos y camionetas de procedencia norteamericana en Tamaulipas entró en una etapa de incertidumbre, viejos vicios y abusos por quienes se dedican a la venta de ese tipo de unidades.
Y no es de hoy, sino desde hace meses en que se dio la oportunidad de legalizar la estancia de las unidades, propiciado por el elevado costo en que se comercializa un seminuevo, con todo y los planes crediticios.
Parte fundamental de la proliferación de ese tipo de vehículos, tiene que ver con las organizaciones como la UCD, Onappafa y otras que se ofrecieron para realizar gestiones, a efecto de lograr una regularización que finalmente provino del Gobierno federal.
Pero como se dijo en un principio, de la necesidad se pasó a un negocio, toda vez que, si bien el fin justifica los medios, siempre hay quienes abusan y buscan sacar provecho. Y es que, en la Oficina Fiscal de Matamoros, se detectó lo que presuntamente se puede considerar como un robo de identidad, al usar documentos oficiales de una persona, para que otra regularice un vehículo.
De lo anterior le hicieron del conocimiento a la titular de la Secretaría de Finanzas, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, pero como siempre anda huyendo de los medios de comunicación, no aportó mayores detalles.
Se sabe de denuncias que se interpusieron en la Fiscalía General de Justicia, pero se desconoce sí solo se ha detectado en Matamoros. Pero, así como se ocultan aspectos de ese tipo, también hay otros como el hecho de no saber cuántos millones de pesos no ha regresado el Gobierno federal para obras de pavimentación en los diferentes municipios.
Es decir, qué cantidad se ha generado, cuánto se ha invertido y qué queda pendiente por aplicar en determinados municipios que siguen a la espera para tapar baches, pavimentar calles o mejorarlas.
Lo de Matamoros se veía venir y aunque LOZANO deja entrever que es un tema que compete al Registro Público Vehicular, habría que ver si no está involucrado el personal de la oficina fiscal en esa población fronteriza.
Y es que, extender el plazo para la regularización, además de que implica una saturación de principales avenidas, producto del crecimiento en el número de unidades, representa seguir con un negocio que pasó a otras entidades del país, a donde se llevan esos vehículos.
Diremos que aparte de ese problema, hay otros, como el hecho de que en redes sociales ofrecen toda la documentación que se entrega en oficinas fiscales y también que algunas de esas unidades se regularizaron presuntamente en Estados Unidos, pero al momento de ingresar al país, se les decomiso. En fin.
