José Inés Figueroa Vitela
La diputación permanente del Congreso local ayer tuvo reunión de trabajo para dictaminar, entre otras, dos minutas de reforma constitucional enviadas por el Senado de la República.
Mismas que se incluyen en la orden del día de la sesión extraordinaria que en el acto se convocó para este jueves.
Son dos de los compromisos y postulados del Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que buscan consumarse antes de que entregue el gobierno federal en cuatro días más.
Los críticos de siempre, ciertamente cada vez menos, agazapados en las siglas partidistas que escogieron como parapeto para acceder a privilegios y cometer despojos, hoy hablan de sus torpezas, endosándolas, como si no fueran sus autores.
Fue el gobierno panista de FELIPE CALDERÓN, quien sacó a la milicia de los cuarteles, para ponerla a hacer labores de seguridad pública interior, para lo que no estaban preparados, dando paso a abusos, atropellos y matanzas, a las que impusieron el alias de “desapariciones”, para maquillar estadísticas.
Sí, fueron los gobiernos federales panistas los que desaparecieron a las policiales federales ministerial y de seguridad, supliendo sus integrantes con soldados a los que solo se les cambió el uniforme.
El efímero regreso del PRI con ENRIQUE PEÑA NIETO, continuó la estrategia, buscando una formación más acorde, pero sin atender a la estructura de mando, repitiendo la acelerada descomposición de las corporaciones que pronto se empataron en el perfil de sus símiles relevados.
La pérdida de los valores castrenses, la disciplina y la lealtad a la patria, como institución armada de origen popular, pensados como simientes de una renovada fuerza pública, acorde a los retos del desbordamiento de la delincuencia, animada desde el extranjero, se dio en los desaciertos por los que ahora reclaman sus autores.
La reforma constitucional, finalmente encuentra cobijo en el mandato popular de las urnas, con las mayorías calificadas necesarias para sacarle la vuelta al manoteo político de los representantes de la oposición, que despiertan y duermen pensando en cómo dañar al prójimo y sacar raja personal de la cosa pública.
Tener mandos militares -a propuesta a del Poder Ejecutivo y la aprobación de la propia representación popular- y mantener la sectorización hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, promete cerrarle el paso a la contaminación de la fuerza pública, con un efectivo trabajo que, más que someter -sin dejar de hacerlo-, inhiba el desdoblamiento del delito y acote las intromisiones externas.
De eso se trata la reforma constitucional, que ya aprobó el Congreso de la Unión y a lo que se propone hoy el Congreso Local, extender su aval, como parte del Constituyente Permanente, necesarios para darle vigencia.
Con esa, también la minuta sobre la reforma que da marco a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, para ejercer sus formas de gobierno y tradiciones, de educación y salud, como entes autónomos y autosuficientes, con patrimonio propio en el concurso justo del Estado mexicano.
Y así cierra la agenda de la que ahora sí parece la última actividad pública de la 65 Legislatura, antes de entregar el lunes a la 66 el próximo lunes.
De aquí a entonces, todavía mañana viernes va a realizar el trabajo de credencialización de los nuevos diputados locales, como requisito de ley para que puedan ingresar al salón de plenos, igual como se hace en el Congreso de la Unión.
Las apuestas están doble contra tronchado, sobre si ha de presentarse o no el exsenador, hermano del exgobernador de triste memoria, cuyos jilgueros se han manifestado incómodos con la medida, que dicen -y él mismo lo ha confirmado-, busca hacerle efectiva la, o las, órdenes de aprehensión que existen en su contra.
Salvas al aire.
Si se presenta o no, si existen mandatos judiciales o no, si llega a tomar protesta o asume el escaño en la instalación de la legislatura, al final del día, resulta “muy sin embargo”.
El fuero que pretende para evadirse de la justicia, es tan volátil, como que Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada para armarle juicio político y presentarlo a las autoridades ministeriales en el momento que quieran.
Simple y llanamente.
