José Inés Figueroa Vitela.-
El diputado local morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA alentó una iniciativa para requerir la comparecencia del Fiscal Anticorrupción ante el pleno Legislativo.
Al respecto, la diputada presidenta, ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA, rodeada de la bancada morenista, en conferencia de prensa, hizo una relatoría del saldo de las comparecencias de todos los integrantes del gabinete estatal para la Glosa del Primer Informe del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
Amén de la disposición para atender la observancia de la representación popular y transparentar el oficio público, de la jornada resultó la constante, que confirmó lo que ya todos los tamaulipecos sabíamos o sospechábamos:
Que no hubo un solo espacio dentro del aparato gubernamental donde no se hubieran manoseado los recursos públicos durante el pasado sexenio, con graves desvíos que permanecen en la impunidad.
En declaración anterior, la Contralora estatal había resumido el desaseo documentado de la anterior administración estatal, entre los más de 18 mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación, sin solventar, hasta la cuenta del 2021 -no se ha terminado de auditar 2022- y los más de 12 mil millones de pesos sobre los que surgieron sospechas de desvío, a partir de lo que va de revisión y apertura de expedientes por inconsistencias, del proceso de entrega-recepción gubernamental.
30 mil millones de pesos que son tanto como la mitad del presupuesto que cada año, en promedio, se confió a la administración de FRANCISCO JAVIER “N” y que, considerando es el tanto correspondiente al pago de nóminas de educación y salud, que solo deberían haber visto pasar, dimensiona más el tamaño del saqueo.
Por eso, la diputada Presidenta concedió la vigencia del requerimiento al fiscal anticorrupción RAÚL RAMÍREZ, para que comparezca ante el pleno, dé cuenta de las denuncias que obran en su poder -algunas desde diciembre- y los motivos por los que no se ha actuado.
Siempre, bajo la premisa universal de que la aplicación de la ley debe ser pronta y expedita, un deber que se encuentra precisamente estipulado en la legislación vigente y al que ha estado faltando el Fiscal de marras, por lo que debería haber otras consecuencias.
El Juez Federal de Reynosa, fletado con el cabecismo, lo amparó para que no lo corrieran y hasta para que los demás funcionarios no hablaran en público de los motivos por los que no puede mantenerse ejerciendo el cargo.
Pero no lo hizo, y no puede hacerlo -del tamaño que pueda ser el cochupo-, para que deje de hacer su trabajo institucional, no el que está prestando, ilegalmente, al servicio del exgobernador de triste memoria.
Esa dimensión, del estado de descomposición a que se llegó durante el pasado gobierno estatal, es la que explica el porqué del insostenimiento del llamado Seguro Popular, que dio paso al Insabi de manera temporal y hoy transita hacia el sistema IMSS Bienestar.
Hasta el exgobernador se atrevió a cuestionar el nuevo modelo de salud pública nacional, como si el pueblo no tuviera memoria de la forma como usaron la salud de los tamaulipecos, como uno de los muchos nichos del saqueo presupuestal.
Desde el inicio, cuando contrataron a la no menos corrupta empresa INTERMED para fingir el abasto de medicinas, que provocó el mayor desabasto de que se tenga memoria.
Hasta la alteración de las medicinas para el cáncer, denunciado en su tiempo y desconocido por sus cómplices en las instancias jurisdiccionales.
Y todavía, los diputados panistas, pensando que los tamaulipecos son tontos o desmemoriados, se ponen a atacar a los gobiernos morenistas, cínicamente aludiendo al abasto de medicinas, especialmente las del cáncer.
La diputada morenista, CASANDRA DE LOS SÁNTOS, barrió y trapeó con el MOYO, el MON y ÁNGEL COVARRUBIAS, con solo recordarles algunos de los actos de corrupción de sus correligionarios.
Total, que el exhorto para el Fiscal Anticorrupción Carnal del pasado sexenio ya está marcha y van a hacer falta algo más que evasivas, para seguir “nadando de muertito” en el cumplimiento de sus responsabilidades y el procesamiento de sus patrones del pasado sexenio.
Otra corrección, de los tantos entuertos heredados al nuevo gobierno, sobre el que el Congreso local empezó a trabajar ayer, fue en lo referente a la asignación de escoltas y vehículos blindados al exgobernador y varios de sus colaboradores.
El diputado ISIDRO VARGAS propuso revertir la reforma que un año antes de irse mandó hacerse FRANCISCO “N”, para disponer de seguridad particular, con sus amigos y familiares, después de que dejara el cargo y de manera indefinida.
Cosa que le cuesta al Estado, solo en salarios a los guardias que se asignaron, un millón cien mil pesos mensuales, o lo que es lo mismo, 13 millones 200 mil pesos del presupuesto anual.
Otra reforma reivindicatoria que ayer entró, presentada por el diputado JAVIER VILLARREAL TERÁN, fue la que pretende anular la obligatoriedad de que la mitad más uno de los ayuntamientos deban aprobar cualquier reforma constitucional para que pueda cobrar vigencia.
Elemento “colado” por los panistas en la Carta Magna tamaulipeca, cuando aún tenían la mayoría en la pasada legislatura, pero ya habían perdido tal condición para la actual, aunque conservaban la mayoría de los municipios más pequeños a su favor.
La iniciativa se turnó a comisiones.
Lo que ayer mismo quedó en firme, del mismo perfil, al votarse favorable por la mayoría de los diputados, fue el de someter a la Auditoría Superior del Estado, que igual está viciada de origen y solo se ha dedicado a tender mantos de impunidad sobre el sexenio pasado.
O de qué manera podrían explicar que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 18 mil millones de pesos y la nueva Contraloría otros 12 mil millones, sin que la instancia local haya ubicado un solo pesos mal puesto.
Como quiera el MOYO panista se desgarró las vestiduras en la tribuna, reclamando que se quiere someter y supeditar al actual ente técnico fiscalizador, clamando por su independencia, sin atender a su manifiesta complicidad, más que ineficiencia.
Y todavía los diputados morenistas y sus aliados no se metieron con el tema de los sueldos que se paga el Auditor y su séquito de cuadros panistas que conforman la estructura, “ganando” cualquiera de ellos, más que el Presidente de la República.
Son sobornos, no salarios, pagados con los impuestos que todos cubrimos.
En el mismo Congreso, temprano, la diputada presidenta ÚRSULA SALAZAR y el presidente de la mesa, ISIDRO VARGAS, entregaron sendos reconocimientos, medalla y premio en numérico, a los trabajadores que cumplieron 10, 20, 30 y hasta 40 años de servicio.
La identidad del liderazgo camaral con la base trabajadora fue manifiesta, entre reconocimientos y el aprecio de unos para con los otros.
