José Inés Figueroa Vitela
Las manifestaciones de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial de la Federación se siguieron dando el fin de semana por distintos rumbos del estado y del país, conquistado más rechazos que adhesiones entre la ciudadanía, a quienes dirigen sus peticiones de apoyo.
El proceso para la adecuación jurídica no es algo que a alguien pueda tomar por sorpresa, dentro del foro y en la sociedad en general, así que el desconocimiento es el primero de los argumentos que se ha caído a los manifestantes.
Porque la reforma judicial es una de las tantas que se han venido manejando a lo largo del Gobierno federal que finaliza, se ha topado con una serie de obstrucciones -preponderantemente del propio Poder Judicial- hasta desembocar en el llamado “Plan C”, cuyo punto culminante fue la elección del pasado dos de junio.
Por ello votaron los ciudadanos mexicanos y tamaulipecos en grado dominante: porque Morena y sus aliados tuvieran más de las dos terceras partes en la composición de las Cámaras, el candado de la mayoría calificada mediante la cual el PRIANISMO, en su decadencia, pretendió amarrar las manos a las mayorías emergentes.
Todo el tiempo, los integrantes de los otros dos Poderes estuvieron supeditados al Ejecutivo, quien los nombraba, promovía, degradaba y quitaba, a contentillo del gobernante en turno, la mayoría de ellos que aún padecemos, porque, además, antes de precipitarse el viejo sistema, decidieron darles vigencia transexenal.
La mentada “carrera judicial”, como todo el “servicio profesional de carrera” sembrado en las áreas estratégicas del poder público, no fue sino otra estratagema para sembrar incondicionales, obtener privilegios y cumplir compromisos, más allá del fin del ejercicio en los cargos de elección popular.
Así se creó una casta privilegiada, caracterizada por las altas remuneraciones, muy por encima de los tabuladores privados, que aparecían como disimulos o estímulos contra el cumplimiento de las responsabilidades públicas, primero respecto de quienes ahí les pusieron.
Tal condición, en el caso del Poder Judicial, brincó hasta “los justiciables”, ciudadanos en general que por cualquier motivo caen en la condición de someterse a la jurisdicción de un juez.
Los Ministros, Magistrados y jueces federales, sujetos de la reforma de marras -no los empleados que traen asoleándose en las manifestaciones- de manera creciente han ido cayendo en la polémica de poner la justicia, en el menos peor de los casos, al servicio de los agresores sociales.
Precisamente de Tamaulipas han salido los sonados casos de capos liberados por el amparo de los Juzgados federales acá radicados; los procesados por el caso Ayotzinapa igual aquí se ampararon, pero el caso más presente en la opinión pública local, es el del exgobernador de triste memoria, sus familiares, cómplices y las estructuras de saqueo e impunidad que creó antes de irse, mantenidas a golpe de amparos de los jueces federales.
Seguramente muchos, tal vez todos los empleados del Poder Judicial y buena parte de los funcionarios no han intervenido en actos tan denigrantes y bochornosos, pero en general, el aparato de justicia está agotado y la consecuencia innegable es la inseguridad, la violencia y la impunidad que nos corroe como sociedad.
Por eso votaron los ciudadanos, porque la transformación venga y aspiremos a un nuevo orden público, político, económico, social, que inicia, haciendo justicia, justicia verdadera.
Expresiones a favor y en contra de la reforma judicial vamos a seguir escuchando por doquier.
La semana pasada fueron dos Asociaciones de abogados, en Victoria Capital, las que se expresaron públicamente, en los extremos de la balanza.
Finalmente van a ser los diputados y senadores electos el pasado dos de junio los que decidirán el destino de tal promoción, y atrás de ello están las expresiones del voto que, insisto, también se inspiraron en tal proceso.
Por lo demás, hoy es el inicio del nuevo periodo escolar parra el grueso de los maestros y estudiantes tamaulipecos.
En Jaumave se hará la ceremonia central estatal, en torno de los honores a los símbolos cívicos, encabezados por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y con réplicas en los 42 municipios restantes del estado.
A cada uno va un alto funcionarios con la representación y el mensaje del Jefe del Ejecutivo a declarar iniciado el periodo lectivo, así como entregar mochilas, útiles escolares, uniformes y zapatos para los sectores más vulnerables.
Cada día se ve y se entiende más el significado de la Cuarta Transformación.
