Alfredo Guevara.-
El pronunciamiento de JORGE CUÉLLAR MONTOYA, temerario y
amenazante contra los propietarios de vehículos de procedencia
norteamericana, puede tener un costo político en el 2024.
Decir que desde el uno de octubre vendrá un decomiso de vehículos
que no se regularizaron, pese a las reiteradas oportunidades que dio el
gobierno federal, no resuelve una problemática social.
Es cierto que oportunidades, han sido más de una. También que el
último decreto emitido por la federación vence el 30 de septiembre.
Pero de ahí a que desde el uno de octubre se empezarán a
decomisar los que no sean regularizados, contrasta con la política
humanista que enarbola la llamada Cuarta Transformación.
Y JORGE podrá tener toda la razón, cuando aduce que las
oportunidades han sido muchas.
También que es por cuestiones de seguridad la medida para poner en
orden los vehículos de procedencia norteamericana que circulan de manera
ilegal en Tamaulipas.
De igual forma se le concede la razón, cuando expone que ese tipo
de unidades la delincuencia las usa para delinquir.
Sin embargo, más allá de pensar en un posible decomiso, lo mejor
que se puede hacer, es ir y tocar puertas con el gobierno federal para que
se regularice también, los que no son susceptibles del beneficio que
establece el decreto.
El titular de la Vocería de Seguridad, debe estar consciente de que
iniciar una especie de cacería, sea por la administración estatal o el Servicio
de Administración Tributaria, representaría un costo político que se puede
reflejar en la próxima elección concurrente o antes.
Quizá JORGE CUÉLLAR desconozca que no serán pocos los que se
queden sin regularizar por diferentes motivos.
Traer la leyenda “salvage”, iniciar la numeración del título con letra o
del número seis en adelante, simplemente no pasan.
Al decreto todavía le queda de vigencia lo que resta de julio, el mes
de agosto y septiembre.
Es decir, aún hay tiempo suficiente como para ir viendo qué hacer con
todos estos últimos y no pensar en ir a una cacería, en la que se decomise
los que no se logren regularizar al 30 de septiembre.
Una cosa es cierta, los dueños de unidades no van a regresar a sus
lugares de origen las unidades que compraron caras o baratas.
Tampoco van a permitir que se les decomise, en caso de que la
amenaza de CUÉLLAR MONTOYA se cumpla.
Por eso, lo más recomendable es encontrarle una solución, de aquí al
30 de septiembre. En fin.
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