Felipe Martínez Chávez
En 2021, por decreto del Congreso del Estado, el policía tercero Benito Reyes fue beneficiado con una pensión vitalicia, incapacidad total, luego de servir a Seguridad Pública Estatal por espacio de 29 años.
Es correcto, y a lo mejor poco, que ingrese hasta diez mil mensuales, más los aumentos que se vayan dando.
Igual que el Gobierno le deposite 17 mil mensuales a René Rodríguez policía primero A”, quien sufrió incapacidad al 80 por ciento en el cumplimiento de su deber.
Decenas de elementos han muerto en enfrentamientos con la delincuencia. Sus familias -esposa e hijos- reciben el apoyo del erario como una obligación no solo legal sino moral. El Estado nunca debe abandonar a sus policías.
En 2016 a José Sabás Amaya, también lesionado, le autorizaron 17 mil 800, que ya deben ser una tercera parte más. Todo correcto.
Sin embargo ¿qué tan lícito -y moral- es que un diputado reciba pensión vitalicia del Congreso, por una enfermedad que no adquirió en su ejercicio?
Para comenzar, los diputados no son empleados del gobierno ni participan en programa alguno de seguridad social. Se les pagan dietas por asistencia a sesiones.
Al más puro estilo panista, este martes la representante por El Mante, Lidia Martínez López, una de las “chapulinas” que abandonaron Morena para irse con el cabecismo, solicitó al pleno un pago vitalicio como si fuera diputada en activo, que deben ser algunos 85 mil del águila, más los aumentos progresivos hasta que Dios le preste vida.
Desconcertó a sus colegas de la Diputación Permanente porque la señora Martínez renegó de los guindas, los traicionó, les dio la puñalada por la espalda y ahora les pide lana mientras exista ¿espera que se lo concedan? Debe haber una ausencia de pena, o de escrúpulos.
El argumento: Que es empleada del Congreso y tiene un problema de riñón ¿invalidez?.
No tuvo el valor de presentarla personalmente. Lo hizo una de sus compañeras, Liliana Álvarez Lara ¿arrepentida de haber dejado Morena? Debe ser.
Durante tres años le ha pegado a la bancada de la 4T ¿espera que le paguen para que les siga pegando?
En junio del 2021 (POE 30 septiembre), cuando el PAN mandaba en el Congreso, en un hecho sin precedente, aprobaron pensión vitalicia para su colega celeste Guillermina Medina Reyes, “en aras de retribuir los esfuerzos realizados al dedicar parte de su vida y su trabajo a favor del servicio público”, según el pastor Gerardo Peña ¿la merecía?
Entre julio de 2020 y febrero del 2024 el Congreso autorizó 15 pensiones para gente de Seguridad Pública. Varios alcanzaron el 50 por ciento del sueldo.
Los diputados avalaron 30 pensiones entre 2012 y 2022.
En los primeros años del siglo varios alcaldes solicitaron decreto para beneficiar de por vida a sus compadres (los últimos no saben que se puede, porque no han pedido).
Hubo pensiones directas del Legislativo que se antojan absurdas, como la autorizada en 2001 a un notario llamado Humberto de la Garza, y en 2007 a un abogado Rogelio Ramírez por 23 mil pesillos, en ese tiempo.
Merecen revisión de parte de los diputados, los 53 decretos expedidos por la segunda legislatura de Eugenio Hernández Flores, que le aprobó sin chistar lo que pidió ¿cuántas pensiones se siguen pagando? Desde luego con aumentos que, con la inflación, las cifras deben andar al doble.
En otro ejemplo, el diez de septiembre del 2009 entró en vigor el decreto para pagar 81 mil mensuales a los deudos de Eduardo Garza Rivas.
Por la misma época 31 mil para los de Jaime Salazar Canales y 40 mil Altair Tejeda Treviño.
A diferencia de policías rasos, hay familias de exfuncionarios de Seguridad Pública que en 2010 comenzaron a recibir 76 mil pesos mensuales.
Está la viuda de un exempleado de Obras Públicas a quien en el trienio 2008-2010, le concedieron 44 mil mensuales. Ahora deben ser el triple ¿sigue la paga?
Otro dato es que, a los deudos de un alcalde asesinado en esa época, los diputados de entonces concedieron cobrar en el Gobierno del Estado 50 mil cada 30 días ¿es función del gobierno? ¿por cuánto tiempo?
Mejor dejamos el tema, no vayan a darse inconformidades o que pretendemos ofender, pero sí es tema que debería revisar alguna dependencia del gobierno de la transformación, y hacerlo público.
Y a la diputada que traicionó a los guindos, le recomendamos que vaya y les pida perdón uno por uno, y que incluya al periodista que cacheteó en el asalto al Palacio Legislativo el once de julio del 2023. Solo así tendría esperanza le autoricen el “cochinito” de por vida.
Ya entrados con la legislatura, la coordinadora de la Junta de Gobierno, Úrsula Salazar, dijo que la Auditoría Superior reabrió cuentas públicas de los cabecistas. Habrá novedades.
Digamos finalmente que el PAN, a través de la diputada Liliana Álvarez, presentó iniciativa para despenalizar el “robo por hambre” de alimentos y medicinas y que incluso la Fiscalía retire acusación de oficio, sin pedir parecer a los ofendidos ¿fomentar el delito? Sí.
