Sin que alguien saliera a desmentir, desde temprana hora de este martes cundió en medios y redes un presunto cateo a oficinas de la empresa Desarrolladora y Constructora CAVA, propiedad de los Cabeza de Vaca, en Reynosa, que alcanzó la oficina de gestión del todavía senador Ismael.
La intervención -colonia Del Prado- habría estado a cargo de la Fiscalía General de la República, donde nunca faltan investigaciones sobre presuntos actos delictivos de la familia.
Oficialmente nadie lo aceptó. A la hora de cerrar estas líneas (seis de la tarde) no había boletines sobre el tema.
Son gente que vive al filo de la navaja, en los escándalos, denuncias de corrupción, expedientes judiciales y órdenes de aprehensión.
La sociedad fue integrada el 23 de agosto del 2003 ante la fe del notario Horacio Ortiz Renán, más tarde presidente del Tribunal de Justicia cabecista. Pareciera una empresa sinónimo de corrupción.
Desde la época en que se posesionaron del ayuntamiento de Reynosa, utilizaron el negocio para otorgarse contratos del municipio, así como de otras dependencias como Caminos y Puentes Federales, Conagua, SCT y otras.
Por cierto, en la ciudad más grande de Tamaulipas, Reynosa, quedó “arreglada” la inédita emergencia hídrica de los últimos días. La población no estaba preparada para tandeos del vital líquido (como en Victoria capital). Jamás había faltado agua en los grifos.
A diferencia de lo que sucedió en el sur, Tampico, Madero, Altamira, donde las lagunas se secaron, en la fronteriza la escasez se debió a que Conagua suspendió simultáneamente el suministro desde los canales Anzaldúas y Rodhe, que surten al 38 por ciento de la mancha urbana, con motivo de obras de rehabilitación.
No fue falta de abasto. La culpa es del organismo federal por no advertir.
Se aplicaron autoridades y sociedad. El gobernador Villarreal Anaya hizo tarea de gestión ante el gobierno federal, lo mismo el alcalde Carlos Peña Ortiz y el senador José Ramón Gómez Leal. El agua ya va hacia la presa Falcón y de ahí al Anzaldúas. Llegará a la ciudad entre sábado y domingo.
Peña Ortiz le metió cinco millones de pesos para ayudar a Conagua a terminar, cuanto antes, las obras de mantenimiento a canales, originalmente destinados a cuestiones agrícolas.
Los tres niveles aportaron pipas, igual que particulares, para surtir de agua a ese porcentaje en escasez.
La solución planteada, a futuro: Construir un acuaférico con cuatro potabilizadoras y tomar exclusivamente agua del río Bravo. Anzaldúas y Rodhe serán para riego.
Buena la lección.
Sin abandonar Reynosa, si hay una administración municipal que se distingue por su transparencia, es la de Peña Ortiz. Las compras y obras todas van a licitación, sin dividir montos de inversión que permitan adjudicaciones directas.
Por eso no extrañó cuando, este martes, el Periódico Oficial del Estado publicó convocatoria para subastar públicamente, el 30 de agosto, un total de 207 vehículos chatarra, en su mayoría autos y camionetas.
Para que no haya lugar a dudas sobre la honestidad en la venta, se piense mal y surjan acusaciones de componendas, el paquete se venderá a una sola persona o empresa. No habrá funcionarios y empleados del municipio que “ganaron” vehículos de remate.
La subasta presencial es una figura que ha utilizado el alcalde Carlos Peña Ortiz para agenciarle más lana al erario. A partir de 420 mil pesillos, monto de salida, ganará el que ofrezca más, el mejor postor.
Igual subasta pública, el tres de septiembre, de un bien inmueble ubicado en el corazón de la ciudad, Morelos y J. B. Chapa, que en su tiempo fue propiedad de Antonio Nassar Hatem, comerciante y uno de los forjadores del desarrollo de Reynosa.
El predio de dos mil, 600 metros cuadrados y más de mil de construcción, abandonado, fue embargado por el municipio por adeudos de predial desde hace años. Su propietario falleció en 1977.
La base para participar en la subasta es de 10.3 millones. El valor comercial calculado por los peritos, en 15.5 millones, y no, no quedará en manos de funcionarios.
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