José Inés Figueroa Vitela
Ser o no ser… esa es la cuestión.
En materia legislativa, de política y gobierno, los de ahora, no quieren ser más cómplices del delito, mientras los del pasado siguen fletados con sus mayores, gritando en el desierto por la prolongación de la impunidad y los privilegios.
La aprobación, ayer, de la reforma a la Ley Interna del Congreso local, representa un cambio significativo en el panorama regional, confirmando la efectiva transformación integral del Estado, que ya no tiene “V” de vuelta.
Esta iniciativa, aprobada en sesión extraordinaria, ejerce un enfoque renovado hacia la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito legislativo, político y gubernamental por tanto tiempo postergado.
La nueva legislación, centrada en la verificación rigurosa de la identidad de quienes han de rendir protesta como nuevos diputados, busca emular estándares de otros congresos, y sin duda, fortalecerá la legitimidad de la nueva Legislatura.
De lo más relevante, el establecimiento de que cualquier diputado podrá presentar su protesta, siempre que su identidad sea acreditada formalmente.
En un contexto donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada, esta medida busca restaurar la fe pública en un Congreso que, por años, ha sido objeto de controversias y polémicas.
La reforma también aborda un tema delicado: la relación entre el poder legislativo y la justicia.
En un claro mensaje a quienes han utilizado su cargo como un escudo ante la ley, al establecer que el Congreso de Tamaulipas no será un refugio para la impunidad.
Hace tres años, el exgobernador de triste memoria, logró eludir su responsabilidad judicial, gracias al apoyo de una artificiosa mayoría legislativa panista que lo protegió de la justicia, contraviniendo lo aprobado en la Cámara de Diputados.
Este nuevo enfoque implica un compromiso firme con la legalidad, señalando que la condición de diputado, no exime a nadie de enfrentar las consecuencias de sus actos.
La diferencia es evidente: ya no se tolerará que el fuero se convierta en un manto de impunidad.
Por supuesto, esta reforma no busca debilitar los contrapesos del poder, como aquellos exaltan como excusa; por el contrario, pretende eliminar los privilegios que han sido utilizados como instrumentos de corrupción y delito.
La pretensión, de los contumaces defensores de los cabecillas de la banda que asaltó el poder local el pasado sexenio, de que algunos legisladores son perseguidos políticos, es una falacia que ha sido utilizada para encubrir conductas delictivas.
La decisión de los legisladores, de rechazar la complicidad con la impunidad, es un paso hacia la democratización y la rehabilitación de la política en Tamaulipas.
No sé ser cómplice de quienes intentan utilizar la política para evadir la justicia, abre la puerta a un nuevo capítulo en la gobernanza del estado.
Este cambio es un indicativo de que la sociedad tamaulipeca está demandando una política más ética y responsable, donde la justicia prevalezca sobre los intereses personales y políticos.
En conclusión, la reforma a la ley interna del Congreso de Tamaulipas, representa una oportunidad de cambio y renovación.
Si bien es fundamental mantener los principios democráticos y los contrapesos en el ejercicio del poder, también es imperativo que se actúe con firmeza contra la corrupción y la impunidad.
Solo así, se podrá construir un futuro donde la política sirva al bien común y no a intereses particulares.
“Que le baje dos rayitas a su protagonismo; no es muy importante, para dedicarle una ley. No sabíamos; él dice tiene órdenes de aprehensión; que tome cartas en el asunto”, respondió el diputado HUMBERTO PRIETO a pregunta expresa de los reporteros, sobre la carta publicada en redes por el exsenador, hermano del exgobernador que piensa van a meterlo a la cárcel en cuanto quiera asumir la diputación plurinominal, con esas reformas a la ley.
Que con su PAN se la coma.
