Rogelio Rodríguez Mendoza
“LUCECITA”.- Aunque todo pareciera indicar que la reforma judicial -en vigor desde el 15 de septiembre- es irreversible, todavía hay quienes vemos una “lucecita” de esperanza de que, en el último minuto algo podría frenar su aterrizaje.
Cabe la posibilidad de que, una vez que asuma la presidencia de la república, a partir del uno de octubre, la morenista Claudia Sheinbaum, reflexione, recapacite y entienda, que la dichosa reforma solo va a traer más adversidades, y que en vez de mejorar la impartición de justicia la va a empeorar.
Así, podría ser, por ejemplo, que, dentro de las leyes secundarias, donde vendrán las reglas o aspectos técnicos para materializar los cambios constitucionales, se pospongan, modifiquen, o al menos se «suavicen «, los aspectos más aberrantes, como ese de la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Esperemos que al nuevo gobierno le quepa la cordura y entienda que, para sanear y eficientar el sistema de justicia hay que trabajar una reforma integral, que inicie por el principio y no por el final.
Dicho de otra forma, en la reforma se debe incluir a todo el andamiaje jurídico, que incluye el sistema de procuración e impartición de justicia, para que— igual que se quiere hacer con los juzgadores— se meta al orden a los agentes del Ministerio Público, policías, y sobre todo al último eslabón de la cadena de justicia: el sistema penitenciario.
Insisto: ojalá la cordura le llegue al nuevo gobierno antes de consumar lo que podría ser la peor aberración en materia legislativa. Todavía se puede.
EL CAMPO, FOCO ROJO.- Al ser Tamaulipas un estado agropecuario por naturaleza, los conflictos provocados por los productores, sobre todo los agricultores, están y seguirán estando a la orden del día. Es un foco rojo encendido de forma permanente.
Siempre habrá razones para las protestas y bloqueos carreteros, como los que han venido ocurriendo durante los últimos meses.
El pretexto de los agricultores para cerrar carreteras, y tomar oficinas públicas es el bajo precio de la tonelada de sorgo, para lo cual exigen el pago de un subsidio, sobre todo luego de que se les prometió dispersarles alrededor de 270 millones de pesos.
Sin embargo, aunque se atendiera esta vez la demanda de los campesinos, de poco serviría porque dentro de unos meses se podría estar repitiendo la historia toda vez que los precios de los granos están sujetos al mercado internacional.
En razón de ello, lo mejor sería que los responsables de la política agropecuaria en el estado comenzaran a arrastrar el lápiz en serio, para
diseñar alguna estrategia de apoyo al campo que evite el surgimiento recurrente de los conflictos.
Sobre todo, tomando en cuenta de que el gobernador, Américo Villarreal Anaya, ha mostrado mucha disposición para atender y resolver la problemática del sector.
Por ejemplo, los mismos productores han puesto sobre la mesa la propuesta para implementar un programa estatal de Agricultura por Contrato, que al gobierno local le saldría baratísimo, tanto en costo económico como político.
Mediante esa estrategia, habría un precio asegurado para la cosecha de granos y se acabaría de tajo con las protestas de cada año, porque ese es el principal reclamo de los productores: el desorden en la comercialización de las cosechas, que los deja indefensos frente a los “coyotes”.
En una de esas, incluso, Tamaulipas se convierte en referente nacional.
URGIDOS.- En la próxima bancada del PAN de la 66 legislatura estatal, no solamente Ismael García Cabeza de Vaca anda urgido del fuero constitucional.
Nos dicen que, en realidad son varios los diputados y diputadas panistas que tienen prisa por rendir protesta y de esa forma adquirir inmunidad procesal.
Andan intranquilos porque sobre ellos y ellas pesan carpetas de investigación que podrían derivar en una eventual aprehensión.
Así, por ejemplo, Gerardo Peña Flores, enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en la entrega amañada de fiats y patentes notariales en los últimos días de la anterior administración estatal, mientras que Patricia Saldívar, también tiene carpetas de investigación abiertas por presuntas irregularidades en la Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado, de la cual fue titular.
El problema para todos ellos es que, esta misma semana quedarán vigentes reformas a la ley del Congreso, para que quienes hayan cometido delitos antes de tomar protesta como diputados, no adquieran la ansiada inmunidad procesal.
Sin duda, las reformas son recurribles a través de mecanismos de control constitucional, pero mientras tanto los nuevos diputados tendrán que someterse a las nuevas disposiciones, tan pronto como ya.
ASI ANDAN LAS COSAS.
