Rogelio Rodríguez Mendoza
Una polémica iniciativa de reformas a la Constitución de Tamaulipas, ingresada la noche del pasado miércoles, bajo la firma de las bancadas de Morena, PT y PVEM, tiene varios destinatarios, uno de ellos el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.
Resulta que, uno de los puntos a modificar en la carta magna es el texto del artículo 152, que les otorga fuero constitucional a una docena de servidores públicos, entre ellos los titulares de los organismos públicos descentralizados.
Con la reforma, quedará especificado que los organismos a que se refiere la constitución son aquellos de carácter estatal. Exclusivamente. Ninguno otro más.
La precisión es un traje a la medida para el edil fronterizo, porque casi desde que inició su primer periodo se autonombró presidente del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes, y también lo es del consejo de administración de la Comapa, ambos organismos públicos descentralizados del municipio de Reynosa, lo que le permitió obtener inmunidad procesal.
Ese fuero le ha permitido librar el proceso penal que la Fiscalía General de Justicia le inició en 2020, por un presunto enriquecimiento ilícito, y que casi lo deja fuera de la contienda electoral que le permitió su reelección.
Sin embargo, con las reformas a la constitución esa inmunidad podría dejarlo vulnerable para que la fiscalía le cumplimente la orden de aprehensión en su contra, contra la cual ya agotó las posibilidades de recibir la protección de la justicia federal en vía de amparo.
Peña Ortiz sabe muy bien del riesgo que implica quedarse sin fuero. Por eso busca frenar en los tribunales federales las recientes reformas a la Ley de Aguas del Estado, que obligan a la recomposición de los consejos de administración de las Comapas.
A través de una controversia constitucional y un juicio de amparo, el área jurídica del municipio y funcionarios afines a él, que laboran para la Comapa reynosense, intentan evitar que les apliquen las nuevas disposiciones establecidas en la ley. El litigio está en desarrollo, y aunque hay una suspensión de amparo a favor de los quejosos, todavía no está seguro su triunfo en el conflicto.
El otro destinatario de la citada iniciativa de reformas a la constitución local son los partidos de oposición representados en la 66 Legislatura local, particularmente el PAN.
Resulta que Morena y sus aliados harán modificaciones al artículo 43 de la carta magna, para quitarle a los panistas, y a sus pares de Movimiento Ciudadano y PRI, la posibilidad de presidir la mesa directiva del Pleno.
Actualmente la Constitución prevé que el cargo será rotativo entre los distintos grupos parlamentarios, por lo que se modificará el texto para establecer que presidirá la mesa directiva el diputado que obtenga más votos en el Pleno.
Como Morena y sus aliados, PT y PVEM hacen mayoría, es un hecho que panistas, emecistas y priistas, no tendrán oportunidad alguna de dirigir los trabajos parlamentarios.
Ese es otro traje a la medida que el morenismo le está haciendo a los panistas.
Vale recordar que algo parecido hizo Morena en el inicio de la 64 legislatura, lo que precisamente dio origen a una “lluvia” de litigios en los tribunales federales, muchos de los cuales incluso siguen sin resolverse.
La diferencia ahora es que, como ya hemos advertido aquí, los partidos de oposición, sobre todo el PAN, están totalmente sometidos, entregados a la bancada mayoritaria, y es muy probable que no acudan a los tribunales para impugnar las reformas.
EL RESTO
Como lo señalamos con suficiente anticipación, Jesús Eduardo Govea Orosco, era el candidato natural para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por unanimidad de votos, el abogado originario de Michoacán fue electo para el cargo la noche del miércoles, y de inmediato el Pleno legislativo le tomó la protesta de ley.
Solo falta saber si habrá alguien que impugne la designación.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
