En el sistema de procuración de justicia existe, desde hace muchísimos años, una práctica arraigada a nivel de agencias del Ministerio Público, y que es de uso común cuando se busca torcer la ley y no se quiere dejar “huella”.
El truco es sencillo: consiste en judicializar (antes era consignar) carpetas de investigación (anteriormente averiguaciones previas) “flojitas”.
De esa manera, el Juez que conozca del asunto se verá obligado a dictar una resolución a favor de la parte a quien se buscó beneficiar desde la sede ministerial.
Así se daban y se siguen dando los “arreglos” cómplices entre abogados y fiscales, pero también es una fórmula de uso recurrente por parte de la misma instancia de procuración de justicia cuando hay “línea” de beneficiar a un acusado influyente.
Mediante esa práctica de corrupción encubierta, nadie sale perjudicado o emproblemado, porque tanto el policía, el ministerio público y el juez, dirán que hicieron su trabajo en función de lo que había en el expediente.
Le cuento de todo ello porque eso mismo podría estar sucediendo con decenas de carpetas de investigación iniciadas en contra de exfuncionarios cabecistas acusados de corrupción.
¿O alguien cree realmente que, estando al frente de las fiscalías general de justicia y la especializada en combate a la corrupción dos personajes plenamente vinculados al cabecismo, puede haber confianza en la investigación en contra de quienes hasta hace poco más de dos años eran sus compañeros?
Por supuesto que no. Mientras ambas instancias de procuración de justicia sigan al mando de Irving Barrios Mojica y Raúl Ramírez Castañeda, respectivamente, será difícil, por no decir que imposible, que ese casi centenar de asuntos lleguen a las mesas de los jueces.
Quizás, para quitarse algo de presión mediática, ambas instancias decidan judicializar algunos asuntos, como sucedió recientemente con Jesús “S” y Elda Aurora “N”, extitulares de la Secretaría de Administración y la Contraloría gubernamental, respectivamente, en el gobierno del panista, Francisco García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, es ahí donde se recurrirá a esa práctica de la que le hablo.
Es muy probable que los expedientes contra ambos cabecistas vayan “flojitos” para que el Juez de la causa no tenga otra alternativa que dictar una sentencia absolutoria, o para disimular les imponga una sanción menor.
De esa manera, las fiscalías dirán que hicieron su trabajo, aunque en realidad se trató de un engaño. Al tiempo, tiempo.
EL RESTO
La comisionada presidenta del Itait, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, recurre a un guión muy antiguo para defenderse de las acusaciones de corrupción sobre el instituto.
Dice que las acusaciones de venta ilegal de vehículos propiedad del Itait y cobro irregular de multas, tienen “fines políticos”. Es lo primero que alegan algunos funcionarios cuando se les viene la noche encima con temas de corrupción.
Para sustentar su dicho, la comisionada argumenta que las cuentas públicas del organismo garante de la transparencia han sido aprobadas, como si no supiera que durante el gobierno panista la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue todo menos un ente fiscalizador.
Habrá que ver lo que encuentra la ASE ahora que don Jorge Espino Ascanio, ya no está al frente.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
