Felipe Martínez Chávez.-
Ya era necesario. Por fin el gobierno de la 4TT echó abajo el negocito de los Cabeza de Vaca en eso de las cámaras de seguridad en carreteras y el C5 de Reynosa.
Querían seguir medrando hasta mediados del 2025, cuando el sexenio en que mamaron y dieron topes culminó en septiembre del 2022.
El dato refiere que la administración de Américo rescindió el contrato a seis años vía APP (asociación público privada), inicialmente por cuatro mil millones de pesos, por el cual el Gobierno del Estado debería pagar mensualidades crecientes por espacio de 72 meses.
Fue una de las obras que más presumieron los vacunos cuando se trata de inversión privada y por la cual se deben más de dos mil millones, que se suman a la deuda general del Estado.
En el negocio participaron varias firmas, como la Tres10, que fue la que contrató directamente, aunque hay relación con otras como Seguritech.
La sospecha es que el negocio fue de los Cabeza ¿de quién más? Todo hicieron ganancias. Indebidamente asignaron en forma directa el contrato y lo llevaron más allá de su sexenio.
¿Quiénes son los propietarios? Versiones de prensa señalan nombres de magnates de la Ciudad de México, algunos con apellidos extranjeros. Aquí firmaron como representantes legales Alain Ramos Padilla y Emanuel Antonio Cárdenas Rojas.
¿Mochada? Fue el estilo del sexenio aunado a hacer negocios directamente como socios.
El olor a corrupción surgió desde un principio. La empresa Tres10 fue protocolizada el 13 de junio del 2019 ante un notario del Estado de México. El contrato con el Gobierno de Tamaulipas se firmó 15 días después, el 27 de junio.
Siguiente golpe económico: Cinco meses después -25 de noviembre- del contrato original, firmaron una adenda para clavarle más la uña al presupuesto de los tamaulipecos.
Para poco nada sirven el sistema de seguridad. Un diputado dijo que las estaciones seguras del cabecismo se utilizan como dormitorio de los policías. No se equivocó.
Puede afirmarse que, en esos términos, las estaciones seguras, videocámaras y C5, siguen siendo particulares.
Es más, se habla que el gobierno del Estado deberá cambiar hasta la denominación C5 porque los privados lo registraron ante Propiedad Industrial de uso exclusivo.
¿Cómo andamos de lana apá? La primera mensualidad fue de diez millones, una cifra cómoda.
Un año después el abonito subió a 57 millones. En el segundo se dispararon hasta un promedio de los 65 melones cada 30 días.
Los cabezones omitieron decir que se trataba de un préstamo, pero embargaron en más de un cuatro por ciento de los ingresos de Tamaulipas del Fondo General de Participaciones Federales.
Dicha APP fue un monumento a la corrupción, deficiencias, incumplimiento de contrato, en compra y mantenimiento de las cámaras de vigilancia, simulaciones, desfalco Vil robo del presupuesto.
Desde la campaña política el candidato Américo Villarreal le puso atención al tema. No había que escarbarle mucho para darse cuenta que fue una operación de latrocinios bien preparada. No pocos alcanzarían hasta cadenas perpetuas, como se dice en el argot.
Una de las causas de rescisión del contrato es cuando ocurra un evento de incumplimiento sustancial de parte de El Desarrollador ¿inconformarse ante tribunales? Si tienen pena, no.
De todas maneras lo privados se van de gane porque el abonito que cobraban era según la fluctuación del dólar, más la inflación y, a esta fecha, la moneda gringa anda por los suelos.
Quisieron irse de gane cobrando a Tamaulipas en la moneda americana. No. contaban con que el peso se revaluaría como nunca.
Hasta se habrían llevado a la brava más de 500 millones en complicidad con el banco Mifel con el que se creó fideicomiso para el pago.
El negocio cabecista fue de cuatro mil 58 millones para instalar cámaras y crear estaciones cada 50 kilómetros en 22 municipios, detectando ahora que se inflaron precios.
Para cerrar: Que la fiscalía carnal le de seguimiento a las denuncias que presentó el ejecutivo sobre el asunto.
Y hay otros temas en los que urge tome cartas el gobierno de Américo Villarreal, y son los fraudes en IPISSET. Hay gene que debería estar encerrada.
Tema aparte, el delegado de Bienestar federal, Luis Lauro Reyes hizo una purga en las representaciones regionales. Mandó a la calle a María Silvia Burgos Sánchez, de Matamoros; José Gastón Herrera Arredondo, Nuevo Laredo; Keyla Citlally Sáenz Rodríguez, Reynosa; Mario Eloy Ochoa Garza, de Río Bravo. Se fue también Julio César Hernández Medina, mantense comisionado en Soto la Marina, y en Victoria Micaela Mikita Martínez Narváez.
La verdad es que traían una bola de calenturas por ocupar cargos de elección en 2024, como es el caso de Herrera Arredondo y Eloy Ochoa.
Por no dejar le dimos una vuelta a sus declaraciones patrimoniales y, lo que encontramos, se lo daremos a conocer en próxima entrega.
